Marlaska traslada al CGPJ su «preocupación» por la jueza de la crisis de Ceuta y Perelló defiende su actuación
El ministro del Interior ha remitido un escrito a la presidenta del CGPJ por la decisión de la magistrada María Tardón de impedir que la policía informe a sus superiores sobre el caso de la entrada masiva en Ceuta. Isabel Perelló ha respondido con una defensa cerrada de la independencia judicial.
Por Marcos Esteban
El Ministerio del Interior ha abierto un nuevo frente institucional al trasladar a la cúpula del Poder Judicial su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa sobre la crisis migratoria de Ceuta. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el que expresa su «preocupación» por la orden de la jueza que prohíbe al equipo policial que investiga el caso trasladar información sobre su trabajo a los mandos superiores.
En su carta, Marlaska defiende que «no debería ser incompatible» que la policía judicial atienda los requerimientos de la jueza y, al mismo tiempo, informe a «sus superiores y responsables políticos» de las circunstancias relevantes para la gestión de la crisis. El ministro, que se presenta en el escrito como titular de Interior «y también como magistrado», asegura respetar «escrupulosamente» la independencia judicial y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal.
La respuesta de Perelló no se ha hecho esperar. Este mismo jueves, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces ha recordado a Marlaska que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen «constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales», según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Perelló ha citado además el artículo 118 de la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos a prestar colaboración a la Justicia, y el artículo 126, que extiende ese deber de forma especial a la policía judicial.
La presidenta del CGPJ ha invocado también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y un Real Decreto que atribuyen la función de policía judicial a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su contestación, Perelló se muestra de acuerdo con el ministro en la «gravedad y el carácter extraordinario» de la crisis, pero defiende que la actuación de la magistrada «responde al ejercicio de sus funciones constitucionales», por las que «todos debemos mostrar el máximo respeto».
El pulso se ha hecho público después de que la prensa revelara que Tardón había ordenado a los investigadores no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y el contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. El debate ha trascendido también a las redes sociales, donde el magistrado Fernando Portillo ha explicado que buena parte de la información no era nueva, sino que ya obraba en poder de la Policía antes de que la juez ordenase nada. Portillo ha planteado además otra posibilidad: que el ministerio hubiera encargado su propio informe político-estratégico sobre la posible implicación de Marruecos, algo que a su juicio habría sido lo responsable pese al coste diplomático.
El documento central de la controversia es un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que apunta a una actuación activa de las fuerzas de seguridad marroquíes en la crisis y descarta que lo ocurrido fuera un episodio espontáneo o incidental. El propio director general de la Policía, Francisco Pardo, había negado inicialmente la existencia de un informe que señalara a Marruecos, una versión desmentida horas después con la difusión del documento.
La crisis se desató tras la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta en la última semana de agosto. La juez Tardón instruye desde la Audiencia Nacional la causa abierta para determinar responsabilidades en la organización de la entrada masiva, en la que, según las fichas remitidas al juzgado, participaron agentes marroquíes «uniformados y dinamizadores». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta semana en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, en medio de manifestaciones convocadas en varias ciudades españolas en apoyo a Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha asumido personalmente la investigación sobre los hechos.
