Moncloa desmiente a Vivas y detalla las llamadas durante la crisis migratoria de Ceuta
El Gobierno central sostiene que las acusaciones del presidente de Ceuta son infundadas y detalla las comunicaciones mantenidas con él antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. La jueza Tardón avanza en la investigación con las testificales del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno y del jefe de la Policía Local.
Por Iván Serrano
El Gobierno central ha salido al paso de las acusaciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre la gestión de la crisis migratoria que vivió la ciudad autónoma a finales de julio. Fuentes de Moncloa han detallado las llamadas mantenidas con Vivas y han asegurado que sus acusaciones son «infundadas», en un intento por desvincular al Ejecutivo de cualquier negligencia ante la entrada masiva de migrantes que se produjo el pasado 30 de julio.
La polémica se enmarca en la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, quien este jueves ha continuado con las testificales. El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha confirmado ante la magistrada que avisó a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, de las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de la entrada masiva de migrantes. Sanz, que fue el primero en dimitir por esta crisis, se ha ratificado en lo expuesto en su carta de dimisión, donde alegó una «evidente incompatibilidad» entre su versión de los hechos y la ofrecida por quien fuera su jefe, que negaba haber recibido información alguna.
Tras su declaración, que se prolongó durante tres horas, Sanz ha aportado a la causa documentación extraída de su teléfono móvil. Su testimonio guarda relación con uno de los documentos desclasificados por acuerdo del Consejo de Ministros el 9 de septiembre. Entre ellos figuraba la conversación que mantuvo un miembro del CNI con el delegado del Gobierno vía WhatsApp el 29 de julio a partir de las 13.52 horas, en la que se alertaba de una convocatoria masiva en redes sociales para el traspaso de la frontera que separa Marruecos de Ceuta. Según consta en dicha documentación, el miembro del servicio de inteligencia mantuvo esa misma noche una conversación de once minutos con el jefe de gabinete.
La declaración de Sanz ha sido precedida por la del jefe de la Policía Local de Ceuta, que compareció por videollamada. Hasta el momento, la jueza Tardón ha tomado declaración a tres testigos: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el jefe de la Policía Local; y el exjefe de gabinete. Todas ellas están encaminadas a avanzar en una de las dos líneas de investigación, la relativa a determinar posibles responsabilidades penales en la respuesta del Estado ante la llegada masiva de migrantes. Una de las claves es determinar qué alertas previnieron de lo que iba a suceder, quién las recibió y quién tenía el deber de reaccionar ante las mismas.
Fuentes jurídicas han trasladado que Vivas aseguró a la jueza que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de migrantes en territorio español. Dos días después se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único. Además, Vivas habría indicado a la magistrada que ese mismo día 27 de julio llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, Diego Rubio, a quien advirtió de la gravedad de la situación.
Paralelamente, la instructora ha ordenado decenas de diligencias para tratar de determinar la autoría de lo que ella misma ha definido por escrito como un «grave ataque a la integridad territorial» de España. La jueza Tardón debe decidir ahora si cita a declarar al exdelegado del Gobierno, Pérez Triano, y si lo hace en calidad de testigo o como investigado. Mientras tanto, varias unidades de la Policía, la Guardia Civil y otras autoridades elaboran informes por orden de la magistrada para, entre otras cosas, identificar a los responsables de la entrada masiva.
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