Bruselas financia con fondos públicos a ONG que presionan para restringir las alternativas al cigarrillo
Un análisis denuncia que la Comisión Europea financia a organizaciones que participan en el debate regulatorio sobre el tabaco, mientras la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco afronta cuestionamientos internos y científicos sobre el tratamiento de las alternativas sin humo.
Por Elena Lozano
La revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) de la Unión Europea ha quedado envuelta en una controversia sobre la independencia de las organizaciones que participan en el proceso regulatorio. Un análisis difundido en Bruselas señala que la Comisión Europea financia con dinero público a entidades que, al mismo tiempo, defienden políticas restrictivas sobre el tabaco y la nicotina y participan activamente en el debate sobre las nuevas normas comunitarias.
El analista Michael Landl ha denunciado públicamente la existencia de un «círculo cerrado» en torno a esta agenda. Según su denuncia, algunas de las organizaciones que respaldan la línea de la Comisión, entre ellas la European Cancer Organisation y la Smoke Free Partnership, reciben también financiación europea. Landl ha señalado además reuniones documentadas con los comisarios Várhelyi y Hoekstra el 30 de septiembre de 2025. De acuerdo con un informe de la Free Market Foundation citado por Landl, nueve ONG que realizan actividad de lobby en Bruselas reciben en conjunto 12,8 millones de euros al año, de los que el 96,8% procederían de la propia Comisión.
La acusación plantea un debate sobre la independencia y pluralidad de las organizaciones que participan en la elaboración de las políticas comunitarias. No se trata de un asunto completamente nuevo. La participación de organizaciones dedicadas a la prevención del tabaquismo en contratos relacionados con la revisión de la legislación europea sobre tabaco ya había provocado controversia. El caso más relevante afecta a la European Network for Smoking Prevention (ENSP), que formó parte de un consorcio liderado por Open Evidence al que la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA) adjudicó en enero de 2023 un contrato marco para apoyar las políticas europeas de control del tabaco.
La participación de ENSP fue cuestionada ante el Defensor del Pueblo Europeo por una organización que representa a fabricantes de productos de tabaco y nicotina, que alegó un posible conflicto de intereses debido a la posición de ENSP en materia de prevención del tabaquismo. Tras investigar el caso y revisar la documentación aportada por la Comisión, el Defensor del Pueblo concluyó en febrero de 2025 que la Comisión había evaluado adecuadamente la situación y que no había quedado acreditado un conflicto de intereses que justificara nuevas actuaciones. La resolución sí recoge que, inicialmente, la Comisión no había respondido de forma adecuada a las dudas concretas planteadas por la organización denunciante. Posteriormente, la institución comunitaria explicó al Defensor del Pueblo que había examinado las declaraciones de ausencia de conflicto y los currículos de los miembros del consorcio, y que el papel de ENSP se limitaba a facilitar el acceso a expertos y aportar información técnica y científica.
En paralelo, la revisión de la TPD que impulsa el comisario Várhelyi arrastra un problema de origen. La propia Regulatory Scrutiny Board de la Comisión, el órgano interno encargado de examinar la calidad de las evaluaciones e informes regulatorios, emitió una opinión negativa sobre la evaluación que sirve de base al proceso. El dictamen fue emitido en diciembre de 2025 y planteó diferentes recomendaciones para mejorar el análisis. La Comisión asegura que esas recomendaciones fueron posteriormente incorporadas al documento final.
La contradicción de Bruselas, según los críticos, se centra en que la Comisión Europea estaría avanzando hacia una regulación que restringe las alternativas dirigidas a los fumadores, en lugar de diferenciarlas del cigarrillo convencional. Frente a esta posición, desde el Parlamento Europeo y distintos sectores científicos se reclama una regulación basada en la evidencia que tenga en cuenta las diferencias entre los productos con combustión y las alternativas sin humo, como los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina.
El debate de fondo gira en torno a la reducción de daños. La evidencia científica señala al humo del tabaco, y no a la nicotina, como el agente que provoca enfermedades como el cáncer. Por ello, los defensores de las alternativas sostienen que limitar las opciones disponibles para los fumadores puede dificultar el acceso a productos con un perfil de riesgo diferente al del tabaco convencional. La discusión sobre la orientación de la política comunitaria ha provocado también un intenso debate científico y médico. Episodios como las publicaciones del comisario Olivér Várhelyi en redes sociales, en las que, según sus críticos, equiparaba los riesgos de distintas alternativas de nicotina con los del cigarrillo de combustión, desencadenaron una respuesta de investigadores y expertos. Un total de 113 científicos y expertos en salud pública enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, denunciando que la Comisión estaba ignorando 131 estudios científicos relevantes y cuestionando la premisa de que todos los productos con nicotina presenten un nivel de riesgo equivalente al cigarrillo convencional.
9
