Un menor tutelado en Ceuta denuncia ante los juzgados su expulsión ilegal por militares y Guardia Civil
Ahmed, de 16 años y bajo tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta desde diciembre de 2024, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno por su expulsión a Marruecos sin expediente, sin abogado y sin notificación a la Fiscalía, tras ser retenido y agredido por militares en el puerto.
Por Iván Serrano
Un adolescente de 16 años que llevaba casi dos años bajo la tutela oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma por su expulsión ilegal a Marruecos. El menor, identificado como Ahmed (nombre ficticio), denuncia que fue retenido y agredido por miembros de las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta y posteriormente entregado a la Guardia Civil, que lo condujo hasta el puesto fronterizo y ejecutó su expulsión sin ningún procedimiento legal. La denuncia, registrada ante el Tribunal de Instancia de Ceuta con el apoyo de la Fundación Raíces, sostiene que se omitieron las garantías más básicas: no se incoó expediente, no se dictó resolución administrativa, se privó al menor de asistencia letrada y no se notificó ni al Ministerio Fiscal ni al Área de Protección de Menores, entidad que ostenta su tutela legal.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 al 11 de septiembre de 2026, alrededor de la una de la madrugada, cuando Ahmed se encontraba en la zona del puerto de Ceuta junto a otros tres chicos. Según su testimonio, dos de ellos se perdieron de vista y, al ir en su busca, los encontraron sentados en el suelo retenidos por un grupo de unos siete agentes de las Fuerzas Armadas españolas. Al llegar, los militares les obligaron a sentarse y les pidieron que se identificaran. Ahmed relata que habló en castellano con ellos y les explicó que era un menor tutelado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que no llevaba su documentación ni su teléfono porque todas sus pertenencias estaban en el centro de menores Aljarfe. Los agentes le preguntaron si sabía el nombre de la directora de su centro, a lo que respondió correctamente, y también le cuestionaron sobre la ubicación de un barrio que no supo identificar. En ese momento, debido a los nervios y la tensión, el menor elevó la voz y se levantó, ante lo cual uno de los militares le ordenó que se sentara y agachase la cabeza con la mirada al suelo, golpeándole con una patada al lado de sus pies para forzarle. Asimismo, recibió un golpe seco en la nuca, aunque no vio si fue el mismo agente u otro. Los militares inspeccionaron una riñonera rosa que llevaba y, al no encontrar nada sobre su identificación, la arrojaron al suelo.
Las Fuerzas Armadas carecen de funciones policiales, por lo que no pueden detener ni identificar a ciudadanos. Pese a ello, el recurso describe cómo, tras la retención, el adolescente fue entregado a la Guardia Civil, que lo expulsó sin expediente, sin abogado y sin la intervención de la Fiscalía ni de sus tutores, tal y como exige la ley. La Fundación Raíces sostiene que «durante todo el proceso se omitieron las garantías legales más básicas». Este es el primer caso judicializado en el que el menor ya estaba tutelado desde hacía casi dos años, lo que evidencia la falta de garantías e identificación en este tipo de operativos de retorno. Ahmed había entrado en Ceuta en diciembre de 2024, con 14 años, sin la protección de un adulto, por lo que fue identificado como menor extranjero no acompañado y protegido por el Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta. Desde entonces, fue tutelado por esta entidad pública, según recoge el recurso judicial.
La expulsión de Ahmed no es un caso aislado. Desde la entrada masiva del 30 de julio, varios menores han denunciado haber sido expulsados sin procedimiento desde Ceuta. El 11 de septiembre, este medio documentó tres casos de adolescentes que habían sido retornados a Marruecos. En ese momento, el Ministerio del Interior aseguró que solo se producían «retornos voluntarios» y que la Guardia Civil no ejecutaba este tipo de retornos forzosos, sea de adultos o menores, algo que la información publicada desmentía. Pese a conocer los hechos, Interior finalmente no abrió ninguna investigación al respecto. La denuncia de Ahmed, apoyada por la Fundación Raíces, busca ahora que los tribunales determinen la ilegalidad de su expulsión y exijan responsabilidades a la Delegación del Gobierno en Ceuta.
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