Los acampados de Sol ven el decreto de vivienda como «una tirita» para un problema estructural
Colectivos y personas que acampan en la Puerta del Sol reciben con recelo el segundo decreto de vivienda del Gobierno, que prorroga automáticamente los alquileres e indemniza a los inquilinos si el casero no renueva. Consideran que es un avance insuficiente y critican que no regula el derecho a un techo.
Por Inés Benítez
Las personas y colectivos que acampan en la Puerta del Sol de Madrid han recibido con recelo el segundo decreto de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. La norma, que se publicará este jueves en el BOE y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará de convalidar en el Congreso en dos días, prorroga de forma automática los alquileres en periodos de cinco años —siete cuando la propiedad es una persona jurídica— y obliga a los caseros a indemnizar a los inquilinos con hasta doce mensualidades de renta si no extienden el contrato sin una justificación acreditada.
«No me vale», ha asegurado Laura, una joven que ha tenido que mudarse cuatro veces en cinco años a diferentes pisos de Madrid, tras leer los puntos principales del decreto. «El burofax te va a llegar igual y no vas a saber qué hacer. Te pueden seguir echando de tu casa, y ahora mismo una mudanza o ponerte a buscar piso es para querer morirte», afirma después de pasar su primera noche en la acampada. Para ella, la medida supone «un lavado de manos del Gobierno».
El texto legal modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece que, llegado el fin del contrato, si ninguna de las partes ha comunicado su voluntad de no prorrogarlo —seis meses de antelación para el propietario y dos para el inquilino—, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o de siete si el arrendador es una persona jurídica. En caso de que el propietario notifique su intención de no continuar, deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, al menos, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, calculada sobre el sistema de referencia estatal y nunca inferior a una mensualidad por cada año residido. La indemnización se abonará en el momento de la entrega de la vivienda.
El decreto exime de esa compensación a los propietarios que acrediten la necesidad de ocupar la vivienda para ellos, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Dispondrán de tres meses para demostrar esa ocupación; de no hacerlo, el antiguo arrendatario podrá reclamar la indemnización una vez transcurrido ese plazo. Laura cuestiona que para entonces el inquilino ya haya tenido que buscar un nuevo alquiler. «Es una excusa que estamos escuchando cada vez más. Hay que informarse y acudir al Sindicato de Inquilinas para no irse hasta que acrediten con pruebas que lo necesitan ellos o un familiar cercano. A mis compañeras y a mí nos pasó, le pedimos la documentación a la casera y nunca más nos contestó. Iba de farol», relata.
Iker y Natalia, acampados en Sol desde hace varios días, consideran que la norma supone una mejora legislativa, pero insuficiente. «Nos parece desde luego un avance, pero no nos parece suficiente. Es una tirita para un problema estructural muy grande», asegura él. «Ya el decreto que se estaba reclamando por parte del Sindicato de Inquilinas era limitado y aun así ni siquiera se han llegado a alcanzar todas las medidas que se pedían. Además, se incluye en un segundo decreto, una estrategia como de maquillaje por parte del Gobierno para quedar bien con quienes estamos reclamando esto cuando saben que no van a poder aprobarlo», añade.
Natalia incide en que ampliar los contratos no resuelve el acceso a la vivienda: «Si tú no puedes acceder a una vivienda digna vas a seguir compartiendo piso con cinco personas, pagando 600 euros por una habitación, yéndote fuera o abandonando la vivienda en la que has estado toda la vida por no poder asumir el coste del alquiler. Igual lo que hay que hacer es regular que todo el mundo tenga derecho a un techo como dice la Constitución. Los rentistas y los especuladores siguen siendo los mayores beneficiados de toda esta situación».
Laura exige que las indemnizaciones «se paguen en el momento, porque si no no valen de nada a la gente que más lo necesita, la que no tiene donde ir». Y lamenta: «Quien tenga el privilegio de poseer un piso va a poder seguir abusando como hasta ahora. Voy a seguir trabajando para pagarles la casa, sintiéndome una okupa aunque pague cuando me quieran echar. Y la gente se seguirá teniendo que ir de sus hogares y dejando a los vecinos, con las consecuencias terribles que eso tiene para la vida en comunidad».
El Sindicato de Inquilinas ha pedido a los partidos políticos que voten a favor de las medidas en la convalidación parlamentaria prevista para esta semana. La votación llega dos días después de que los acampados de Sol hayan leído y debatido el contenido del decreto, que consideran un paso limitado ante un problema que, a su juicio, requiere una regulación estructural del derecho a la vivienda.
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