El Congreso aprueba la mayor reforma de la dependencia en 20 años
La Cámara Baja da luz verde definitiva a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que amplía prestaciones, elimina incompatibilidades, reduce plazos y reconoce nuevos derechos. La norma se publicará en el BOE en los próximos días y llega acompañada de un aumento de la financiación estatal hasta los 7.239 millones en 2027.
Por Elena Lozano
El Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. La norma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, supone la mayor transformación del sistema de cuidados desde la aprobación de la ley hace 20 años. Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy la califican como una «refundación del modelo de cuidados en España».
La votación de este miércoles en la Cámara Baja ha ratificado las enmiendas introducidas por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El texto ya había sido aprobado previamente en el Congreso con la abstención de los populares y el voto en contra de Vox. Los cambios afectan a dos normas que guían el sistema de cuidados: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Uno de los principales avances es la reducción del plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la dependencia, que pasa de seis a tres meses. Además, se eliminan las incompatibilidades entre prestaciones. Hasta ahora, una persona dependiente que acudía a un centro de día unas horas no podía solicitar simultáneamente una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. Con la nueva norma, podrá hacerlo. También se amplía el concepto de servicio a domicilio, que podrá prestarse fuera del hogar, por ejemplo para acompañar al médico o hacer recados, y se reconoce la figura del cuidador principal y no profesional, que ya no queda restringido al ámbito exclusivamente familiar.
En materia de cuidados, la reforma garantiza por ley que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y asegura la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas. La norma también introduce cambios relevantes en la Ley de Discapacidad. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para los grados II y III, el 65%. Esta medida busca desburocratizar el reconocimiento y agilizar los procesos administrativos.
La reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho exigible y crea un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Asimismo, modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas deban ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y facilita los requisitos para solicitar estas ayudas. Además, fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños de cero a seis años, regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales y prohíbe la discriminación en los seguros de salud.
Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025. El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para ello no fue necesario pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas.
El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma legal es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales. Sin embargo, la competencia en este ámbito recae en las comunidades autónomas. «Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad», afirmó el ministro Bustinduy.
Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) han valorado «positivamente» la reforma, que supone un «avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad», pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus principales reivindicaciones.
