El debate sobre la inteligencia artificial se desplaza de los riesgos existenciales a su gobernanza
Expertos y exresponsables públicos coinciden en que la cuestión ya no es si la IA piensa, sino cómo se regula y quién pone límites a su despliegue, mientras crece la desconfianza hacia las advertencias de Silicon Valley.
Por Marcos Esteban
El debate sobre la inteligencia artificial ha dejado atrás la pregunta de si esta tecnología piensa o si acabará con la humanidad. La cuestión central, coinciden voces expertas y exresponsables públicos, es ahora cómo se gobierna, quién establece los límites y con qué intereses se formulan las advertencias. Las alertas lanzadas por algunos gigantes del sector han abierto una discusión que ya no se centra en el freno, sino en el control.
La exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas ha señalado que el sector conocía desde hace años sus propios riesgos, pero que durante ese mismo tiempo evitó activamente cualquier supervisión. Su diagnóstico apunta a una contradicción: las empresas que ahora piden regulación son las mismas que durante años esquivaron los marcos normativos. El experto Esteve Almirall plantea una pregunta clave en este contexto: quién gana cuando los dueños de la IA solicitan ser regulados. Para Almirall, regular es posible, pero el reto consiste en proteger a la sociedad sin que la seguridad se convierta en un privilegio comercial reservado a unas pocas empresas.
En medio de este cruce de intereses, el director asociado del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) y exjefe de un departamento de IA en Meta, Cristian Canton, aporta una perspectiva técnica que rebaja el tono apocalíptico. «La inteligencia artificial no nos va a matar a todos», afirma. Su explicación es precisa: «La IA no piensa. Cuando le das una instrucción, utiliza todo su repertorio de herramientas para alcanzar el objetivo. Si eso implica acceder de forma ilícita a un servidor, lo hará. Por eso es indispensable delimitar con claridad cómo debe ejecutar la tarea y bajo qué límites. Tenemos que guiarla».
Esa distinción entre pensar y ejecutar tareas redefine el problema. No se trata de contener un reactor nuclear, sino de gobernar cómo se despliega una tecnología que ya está integrada en herramientas cotidianas. El ensayo del CEO de Anthropic, Dario Amodei, abrió la caja de pandora al instalar en la opinión pública la idea de que el resto del mundo desconfía del plan de Silicon Valley. La publicación de análisis y libros especializados, como el de Carlos del Castillo titulado «Inteligencia artificial: cartografía de una revolución», ha contribuido a trasladar el foco desde el alarmismo hacia las preguntas concretas sobre supervisión, responsabilidad y límites operativos.
El contexto político refuerza esta lectura. La contención de la ultraderecha en Suecia había devuelto cierto margen de esperanza, pero el avance imparable de la IA ha introducido un nuevo frente de incertidumbre. La discusión ya no es si hay que frenar ciertos desarrollos, sino cómo se reparte el poder de decidir qué se permite y qué no. La advertencia de Artigas sobre la evitación sistemática de la supervisión durante años apunta a una asimetría: quienes desarrollan la tecnología han tenido más capacidad de influir en las reglas que quienes deben aplicarlas.
Mientras tanto, la IA sigue operando en la vida cotidiana sin que exista un consenso global sobre su gobernanza. Los expertos insisten en que la clave está en delimitar con claridad cómo debe ejecutar cada tarea y bajo qué límites, una guía que evite tanto el catastrofismo como la complacencia. El debate, por tanto, se ha desplazado definitivamente desde la pregunta existencial hacia la arquitectura institucional que determinará quién controla una tecnología que ya no es una promesa de futuro, sino una realidad presente.
