Francia y Alemania alertan a España del coste sanitario de no diferenciar el cigarrillo de sus alternativas
Un estudio publicado en Frontiers in Health Services propone el índice SCORE para graduar la regulación del tabaco según el riesgo real de cada producto. España, con 9 millones de fumadores, podría evitar miles de millones en gasto sanitario si diferencia el cigarrillo de alternativas como el vapeo o las bolsas de nicotina.
Por Elena Lozano
Un estudio publicado en Frontiers in Health Services advierte de que los sistemas sanitarios europeos afrontan una factura creciente por no distinguir entre el cigarrillo tradicional y sus alternativas de riesgo reducido, como el vapeo o las bolsas de nicotina. La investigación propone el índice SCORE, un baremo que mide el ahorro sanitario que cada país deja de captar por aplicar regulaciones uniformes en lugar de normas proporcionales al daño real de cada producto.
El aviso llega en un momento clave: tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea revisan actualmente sus directivas y leyes antitabaco. Según el estudio, penalizar por igual un producto de alta combustión que sus alternativas sin humo bloquea el incentivo para que los fumadores adultos migren voluntariamente hacia opciones con menor impacto biológico y ambiental.
España afronta este debate con una carga de morbilidad prevenible significativa. Cerca de 9 millones de personas fuman y un 30% de la población no fumadora está expuesta habitualmente al humo de segunda mano. Un estudio presentado por Foment del Treball cifra el potencial económico de corregir el rumbo normativo: si la población fumadora sustituyera el cigarrillo convencional por alternativas de daño reducido, el impacto positivo para España se situaría entre 21.400 y 31.000 millones de euros, hasta un 2,3% del PIB nacional.
El índice SCORE plantea pasar de un enfoque restrictivo uniforme a una estrategia de fiscalidad y normativa graduada por riesgo. El objetivo es incentivar la transición de los fumadores adultos hacia productos de menor impacto, protegiendo tanto a los no fumadores como las arcas públicas. La clave, según el estudio, no reside en prohibiciones generales, sino en regulaciones inteligentes y estrictamente proporcionales al riesgo real de cada producto.
La experiencia de los vecinos europeos ilustra las consecuencias de no calibrar la regulación por riesgo. Francia, con uno de los marcos más restrictivos de la Unión Europea, es hoy el mayor mercado ilícito de cigarrillos del continente: un 41% del consumo procede de canales ilegales, según KPMG. El propio índice SCORE sitúa a Francia entre los países con más ahorro sanitario sin explotar, precisamente por no diferenciar bien el cigarrillo combustible del vapeo.
Alemania repite el patrón. Casi uno de cada tres cigarrillos que se fuman en el país llegan de fuera sin pagar impuestos, de acuerdo con KPMG, y también encabeza la lista de países con más gasto sanitario evitable por no calibrar su normativa de tabaco por riesgo. Italia aporta otro ejemplo: un estudio publicado en ScienceDirect estima que si el 50% de los fumadores pasase a productos de riesgo reducido, el Servicio Nacional de Salud italiano ahorraría 722 millones de euros directos en gastos sanitarios.
El contraste lo ofrece el Reino Unido, que durante años ha sido la referencia europea por diferenciar con claridad el cigarrillo del resto de alternativas e incluso recomendar el vapeo entre fumadores. Una investigación de la Universidad de Brunel calcula que si el 50% de los fumadores ingleses se cambiara al vapeo, el NHS ahorraría más de 500 millones de libras al año, unos 583 millones de euros. El gasto sanitario británico ha crecido menos que en el resto de Europa.
El aviso del índice SCORE es que, si el Reino Unido abandona ese modelo con la nueva prohibición generacional, podría acabar pagando la misma factura que hoy sufren Francia, Alemania o Italia. La cuestión, según el estudio, no es solo de salud individual, sino de herramienta fiscal de primer orden: facilitar que los fumadores adultos pasen a productos mucho menos tóxicos alivia la carga hospitalaria a largo plazo. La alternativa, como ya ocurre en los países vecinos, es entregar el control de la nicotina al mercado negro mientras se asfixian los presupuestos públicos de salud.
