La DGT persigue una artimaña viral para esquivar radares con multas de hasta 6.000 euros
La DGT ha puesto el foco en una técnica importada de Italia que utiliza pegatinas para manipular la matrícula y evitar la identificación en los radares. La práctica puede constituir un delito de falsedad documental con sanciones de hasta 6.000 euros y penas de prisión de hasta tres años.
Por Marcos Esteban
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en una artimaña que se ha viralizado en los últimos días y cuyo vídeo original procede de Italia. La técnica consiste en colocar pegatinas con la forma de los números y las letras de la matrícula, del mismo tamaño, para reflejar la luz cuando el vehículo es captado por el objetivo de un radar. Al cubrir uno o varios caracteres, estos pueden aparecer distorsionados o directamente ilegibles en la fotografía, lo que dificulta la identificación del vehículo infractor.
Esta práctica no es inocua desde el punto de vista legal. Manipular o dificultar deliberadamente la lectura de una matrícula puede constituir una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Sin embargo, si además se modifican los números o las letras de la matrícula, las consecuencias son mucho más severas: la conducta puede ser considerada un delito de falsedad documental, castigado con sanciones de hasta 6.000 euros y penas de prisión de hasta tres años. La DGT ya ha confirmado que existen sanciones en marcha por este tipo de manipulación.
La identificación de un vehículo con matrícula manipulada no resulta especialmente compleja. Aunque a simple vista las pegatinas pueden pasar desapercibidas, cuando un radar detecta un exceso de velocidad y registra la infracción, los agentes revisan la imagen. Si comprueban que faltan números o letras en la matrícula, pueden localizar al conductor, interceptar el vehículo y tramitar la correspondiente denuncia. Esta circunstancia convierte la artimaña en un riesgo añadido para quienes intentan eludir los controles de velocidad.
El fenómeno se produce en un contexto de creciente vigilancia en las carreteras españolas. Según el último Observatorio de radares en España elaborado por Coyote, actualmente hay 3.621 radares en las vías españolas: 2.472 son fijos, 600 de semáforo, 295 de tramo y 254 se catalogan como radares de cinturón y móviles. Desde 2021, el número de dispositivos ha aumentado un 37%, lo que equivale a 982 nuevos aparatos en cinco años. Por tipo de vía, el 44% se sitúa en zonas urbanas, el 32% en carreteras secundarias y el 24% en autopistas. Por comunidades autónomas, Baleares lidera el crecimiento con un 33,78%, seguida de Asturias (25,59%), Cataluña (21,29%), Extremadura (21,21%) y Andalucía (20,97%). En términos absolutos, Cataluña, Andalucía y Castilla y León concentran el mayor número de radares.
La DGT justifica estos controles con un argumento de seguridad vial: «Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es sólo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves».
Además de la manipulación de matrículas, la DGT ha alertado sobre otra práctica conocida como el «método gallego», una estrategia que algunos conductores utilizan para avisar de la presencia de controles y radares móviles. Consiste en compartir la ubicación de estos dispositivos a través de canales de comunicación entre conductores, como grupos de WhatsApp y Telegram. La DGT facilita públicamente la ubicación exacta de los radares fijos, pero en el caso de los móviles solo informa de los tramos en los que pueden encontrarse, sin revelar sus coordenadas concretas. Para sortear esta limitación, han surgido grupos que intercambian información sobre la localización de controles. En Galicia, la Justicia llegó a sancionar a una empresa y a un particular que gestionaban canales de WhatsApp dedicados a difundir estas ubicaciones, en los que participaban cerca de 15.000 personas.
El responsable de la Unidad de Normativa, Francisco de las Alas-Pumariño, califica estas actitudes de «conducta reprochable porque entorpecen la labor de la Guardia Civil y policías e impiden que se detenga a conductores que han tomado alcohol o drogas o van a una velocidad excesiva porque pueden provocar accidentes con víctimas en la carretera». El artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.
Para frenar estas prácticas, la Guardia Civil ha puesto en marcha medidas como los llamados controles exprés, operativos que permanecen activos durante un periodo muy breve, de unos 10 minutos, y que pueden cambiar de ubicación con frecuencia para evitar su localización. Con estas acciones, las autoridades buscan dificultar que los conductores eludan los controles de velocidad y garantizar la seguridad en las carreteras.
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