La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude en el mantenimiento de la alta velocidad
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios en la renovación de la línea Madrid-Sevilla, tras el accidente de Urda, en el que murieron 69 personas.
Por Iván Serrano
La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una segunda investigación por un posible fraude con fondos de la Unión Europea relacionado con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La pesquisa se centra en la renovación de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la infraestructura y se ha iniciado por iniciativa propia del organismo, no a raíz de una denuncia.
El detonante es el accidente ferroviario del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, que causó la muerte de 69 personas. Hasta ahora, de las 110 personas que fueron hospitalizadas tras el siniestro, 95 han recibido el alta. La Fiscalía Europea ya había abierto en marzo de 2026 una primera investigación por el accidente de Adamuz, ocurrido en enero, en el que fallecieron 46 personas. Aquella causa se centra en el mantenimiento de la vía en torno al kilómetro 318,7 y analiza si los fondos europeos destinados a su reparación pudieron haber sido malversados.
Para esta nueva línea de investigación, la EPPO está practicando registros en la sede de ADIF, en Madrid, así como en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), presta apoyo a las diligencias. Hasta el momento no se han comunicado imputaciones ni la identidad de ningún sospechoso, y tampoco está claro si se ha producido un fraude ni qué cantidad estaría implicada.
El contexto de la inversión es relevante. La Comisión Europea concedió en junio de 2024 111 millones de euros para renovar esta línea, que se inauguró en 1992. Según la propia Comisión, ya en 2023 la infraestructura se consideraba obsoleta. Es precisamente el destino de esos fondos el que ahora examina el organismo judicial europeo, que dispone de competencias para perseguir delitos que afectan al presupuesto comunitario.
La EPPO mantiene en reserva más detalles sobre la investigación, alegando el interés público y la integridad de las diligencias. Conviene distinguir esta causa de la investigación judicial sobre las causas del accidente de Urda, que sigue su propio curso y no se confunde con la indagación sobre el uso de los fondos comunitarios. Ambas pesquisas se desarrollan en paralelo, pero persiguen objetivos diferentes: una busca determinar qué originó el descarrilamiento, la otra si el dinero público destinado a mejorar la línea se gestionó de forma correcta.
El caso reabre el debate sobre el estado de mantenimiento de la alta velocidad española y sobre el control de los fondos europeos destinados a infraestructuras ferroviarias. Dos siniestros en apenas nueve meses, con un balance conjunto de 115 fallecidos, han puesto el foco sobre la seguridad de una red que, en este tramo, arrastra más de tres décadas desde su puesta en servicio.
Fuente: 20minutos.es
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