La Justicia anula de nuevo los servicios mínimos del Gobierno de Aragón en las huelgas de Aragón TV
El TSJ de Aragón ha vuelto a anular los servicios mínimos impuestos por el Gobierno autonómico en las huelgas de Aragón TV y Aragón Radio, por no motivar el número de trabajadores designados. Son ya varios reveses judiciales.
Por Elena Lozano
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado de nuevo los servicios mínimos que el Gobierno autonómico impuso durante las huelgas convocadas en Aragón TV y Aragón Radio. Son tres las veces que el tribunal tumba este tipo de órdenes desde 2024, y en todas ellas el motivo se repite: la Administración no justificó el número de trabajadores que obligaba a secundar el servicio.
Las dos sentencias de este año, dictadas en marzo y abril de 2026, anulan las órdenes de servicios mínimos publicadas en octubre de 2025, cuando los trabajadores de la UTE Inevent-Telson, la empresa que presta servicios a la radiotelevisión pública, se movilizaron por un conflicto relacionado con el convenio colectivo. En cada una de las resoluciones, el tribunal condena a la Administración a abonar 3.000 euros de indemnización al sindicato CCOO. El sindicato había pedido 25.000 euros de daños morales por cada una.
El Ejecutivo aragonés defendió que las diferencias en las dotaciones respondían al nuevo contrato suscrito en 2025, pero el tribunal no aceptó el argumento. Tampoco prosperó la alegación de que las fiestas del Pilar justificaban un refuerzo adicional de la plantilla, un motivo que también fue anulado. La Fiscalía, por su parte, cambió de postura durante el procedimiento y respaldó a CCOO.
Los precedentes apuntan en la misma dirección. En 2023 el Gobierno perdió un caso similar y, según las informaciones, no corrigió sus criterios. Ya en 2020, el TSJ había anulado órdenes parecidas dictadas por el anterior Ejecutivo. A ello se suma una sentencia de 2024 que consideró que el informativo completo debía tratarse como servicio mínimo, y que limitó los costes de la contratación a 1.500 euros.
Las cifras de personal también han sido objeto de discusión. Frente a la referencia de 2024, las órdenes de 2025 incrementaban la plantilla en 19 trabajadores para la televisión y en 2 para la radio. Sin una motivación expresa de esas cifras, el tribunal considera que la medida no puede sostenerse.
Un aspecto relevante es el momento en que llegan las resoluciones. Las sentencias se conocen meses después de que terminaran las huelgas, y las peticiones de medidas cautelares que habrían permitido suspender las órdenes en plena movilización fueron rechazadas en repetidas ocasiones. Por este motivo, la anulación tiene sobre todo un efecto de precedente y de reconocimiento de la irregularidad, más que una corrección inmediata del conflicto.
Las sentencias son recurribles en casación ante el Tribunal Supremo. Otros litigios vinculados a estos conflictos, como la sustitución de trabajadores en huelga o la emisión de programas grabados previamente, se han trasladado a los juzgados de lo social. El patrón de anulaciones se repite también en otros ámbitos de la Comunidad, como la huelga de médicos, las escuelas infantiles o el personal de limpieza de las residencias.
Fuente: eldiario.es
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