La UCO entra en el Ministerio de Igualdad por un presunto fraude con fondos europeos
Agentes de la UCO han registrado el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas en una investigación de la Fiscalía Europea sobre la compra de pulseras antimaltrato financiadas con fondos de la UE.
Por Inés Benítez
Agentes de la UCO de la Guardia Civil han entrado en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas en el marco de una investigación por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato financiadas con fondos europeos. Las diligencias están dirigidas por la Fiscalía Europea, que ha informado de la operación en un comunicado.
Según las informaciones disponibles, la investigación comenzó el año pasado. Los hechos bajo sospecha se centran en el proceso de adquisición de los dispositivos, cuyo contrato supera los 100 millones de euros, según datos recogidos por el Tribunal de Cuentas. Este organismo, en una fiscalización, advirtió de «graves deficiencias» en la contratación, un señalamiento que sitúa el foco en la forma en que se adjudicó y gestionó el servicio.
Las pulseras están vinculadas al plan de recuperación de España, en concreto al hito 472, lo que explica que su financiación proceda de fondos comunitarios. Las distintas fuentes sitúan el número de dispositivos activos entre unos 4.300 y 5.000, aunque las cifras varían según el medio consultado. El Gobierno llegó a sancionar a la empresa contratista, Vodafone, con una multa de 25.285 euros por incumplimientos en el servicio.
El sistema ha arrastrado problemas desde el cambio de contrato, cuando el servicio pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Durante esa transición, la transferencia de datos falló, y la pérdida de información de geolocalización derivó en la imposibilidad de controlar a algunos agresores. Según se ha informado, esa situación provocó despidos de personal y absoluciones de maltratadores, consecuencias que han convertido el asunto en un problema con efectos directos sobre la protección de las víctimas.
Otros aspectos del servicio también han sido cuestionados. Trabajadores del centro de control Cometa han denunciado fallos técnicos frecuentes y una caída del sistema en noviembre. Además, el centro habría indicado que no puede aportar determinados datos anteriores a marzo de 2024, un dato que complica la reconstrucción de lo ocurrido durante ese periodo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido transparencia absoluta y plena colaboración con las autoridades. Por el momento, los fiscales no han identificado públicamente a las personas investigadas, no se ha precisado la cuantía de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias. Tampoco está establecido si se produjeron irregularidades, una cuestión que dependerá del desarrollo de la investigación. Los distintos medios tampoco coinciden en quién alertó en primer lugar de los fallos del sistema, un punto que las fuentes no aclaran.
Fuente: okdiario.com
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