La Operación Campamento avanza tras 30 años de bloqueo con 10.700 viviendas en Madrid
El plan urbanístico sobre los antiguos terrenos militares de Campamento, en el distrito de Latina, ha desbloqueado su tramitación administrativa con demoliciones, urbanización y la constitución de la Junta de Compensación, aunque el soterramiento de la A-5 sigue siendo el principal cuello de botella.
Por Inés Benítez
La Operación Campamento, el plan para levantar 10.700 viviendas en los antiguos terrenos militares del distrito madrileño de Latina, ha dejado atrás tres décadas de parálisis administrativa. El proyecto, que nació como Área de Planeamiento Remitido en el PGOU de 1997 y vio aprobada su ordenación definitiva en 2009, acumuló desencuentros entre administraciones, litigios urbanísticos y el parón de la crisis inmobiliaria. Hoy, sin embargo, ya no está atascado en el sentido que lo estuvo entre 2010 y 2024: hay luz verde administrativa y obras en marcha, aunque con ritmos escalonados y un freno pendiente.
El pasado enero de 2026 arrancaron las demoliciones de los primeros edificios del antiguo acuartelamiento y se activó la urbanización promovida por Casa 47, la entidad estatal de vivienda titular del 98% del suelo. En junio, el Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de urbanización, con una inversión superior a 383 millones de euros. Después, en septiembre, constituyó la Junta de Compensación, el órgano que permite ejecutar la compensación de costes y beneficios entre propietarios, un paso que durante años fue objeto de disputa y que ahora otorga seguridad jurídica a los implicados.
El programa mantiene la cifra de 10.700 viviendas, con un 65% protegido: 7.000 unidades en total, de las que 3.800 serán de protección pública de precio limitado, 2.100 de precio básico y 1.100 de alquiler, según el modelo de protección pública que maneja el consistorio. La ejecución se ha dividido en tres fases funcionalmente independientes para no condicionar todo el proyecto al mismo calendario. Las previsiones más optimistas sitúan el inicio de la edificación de viviendas entre 2026 y 2027, con una duración aproximada de tres años para los primeros bloques, aunque los plazos pueden variar según la licitación y la ejecución del soterramiento de la A-5.
Precisamente la tercera fase, que conecta la zona norte y une ambos lados del barrio a través de la A-5, queda supeditada al soterramiento de la autovía. Esta obra, aún sin calendario cerrado, actúa como principal cuello de botella del proyecto completo. Sin ese paso, Campamento corre el riesgo de crecer a dos velocidades, con una zona más consolidada y otra pendiente de integración. El soterramiento no es solo una obra de ingeniería: es la pieza que permitirá coser el tejido urbano, evitar barreras físicas y dar continuidad a calles y zonas verdes.
El bloqueo histórico no tuvo una sola causa, sino un cóctel de factores. Entre ellos, los desacuerdos entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Estado; los litigios que afectaron al PGOU; las revisiones parciales del planeamiento en 2013; y la paralización de la promoción privada tras el pinchazo inmobiliario. El desbloqueo reciente llega por la convergencia de dos palancas: la reactivación de la promoción pública a través de Casa 47, con financiación de cientos de millones, y la aprobación de trámites clave que permiten empezar a urbanizar vivienda por fases sin esperar a resolver todo el ámbito. La implicación de una entidad pública reduce la dependencia de la iniciativa privada, que en otros momentos había mostrado reticencias por la complejidad y los costes.
Mientras, el debate político sigue vivo. El Ayuntamiento apremia al Ministerio de Vivienda a «ponerse las pilas» en la urbanización, y la presión social por vivienda asequible mantiene el foco en Campamento como la mayor bolsa de suelo residencial de la capital. En una ciudad con precios al alza y presión social creciente, cada anuncio sobre este ámbito se mide con lupa. Además, el modelo de protección pública exige definir bien los mecanismos de acceso, quién puede optar a las 7.000 viviendas protegidas, bajo qué requisitos de renta y cómo se gestionará el alquiler social. Cualquier retraso o cambio de criterio puede generar nuevas controversias en un proyecto que, tras 30 años de espera, afronta ahora su prueba de fuego.
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