Padilla se reúne en Ceuta con farmacéuticos, psicólogos y enfermeras pero deja fuera al Colegio de Médicos
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, mantiene reuniones en Ceuta con varios colegios profesionales, pero no ha convocado al Colegio de Médicos, que denuncia su exclusión tras las críticas por la gestión de la crisis sanitaria.
Por Elena Lozano
El secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Javier Padilla, ha regresado a Ceuta para evaluar la crisis sanitaria derivada de la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Su agenda incluye reuniones con los colegios de Farmacia, Psicología y Enfermería, pero no contempla, al menos hasta este martes, un encuentro con el Colegio de Médicos de la ciudad, que no ha recibido invitación alguna.
La ausencia resulta especialmente llamativa porque Padilla, que es médico como la ministra Mónica García, ha reservado un hueco en su agenda a tres colectivos profesionales mientras deja fuera al que representa a los facultativos que están en primera línea de la crisis. Fuentes del colectivo médico ceutí confirman que no han recibido ninguna convocatoria, en un contexto de semanas de tensión asistencial, denuncias de los profesionales y problemas de personal que el Ministerio ha tardado en situar en el centro de su agenda.
El Sindicato Médico de Ceuta ha arremetido duramente contra las últimas declaraciones de Padilla, al que acusa de demostrar un «profundo desconocimiento de la realidad asistencial» por sostener que Ceuta ya no es una zona de difícil cobertura. En una carta enviada al Ministerio, el sindicato recuerda que las condiciones que hace tres años justificaban esa consideración no han desaparecido: déficit de especialistas, dificultades para cubrir plazas, derivaciones a la Península, externalización de servicios y recursos que no pueden ponerse en marcha por falta de profesionales.
El colectivo subraya además que los salarios no han experimentado una mejora capaz de explicar el cambio de criterio y que las guardias localizadas continúan retribuyéndose en torno a 10,5 euros por hora, unas condiciones que considera entre las peores del Sistema Nacional de Salud. En la misma carta, los médicos ceutíes reclamaron la dotación de una Unidad de Radioterapia y una UCI Pediátrica para la ciudad, y advirtieron de que lo que debería suscitar un debate ético no es que los ceutíes reclamen esos servicios, sino que un paciente oncológico tenga que abandonar su ciudad durante semanas para recibir tratamiento o que un recién nacido tenga que ser evacuado a la Península por falta de una UCI pediátrica.
La crisis sanitaria de Ceuta se desencadenó tras la entrada masiva desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Las cifras públicas sitúan en más de 80.000 las personas que cruzaron la frontera, aunque buena parte regresó posteriormente. A finales de agosto, alrededor de 10.000 personas permanecían todavía en la ciudad, según datos difundidos por el propio Ministerio. Desde el primer momento, los profesionales sanitarios tuvieron que afrontar una presión asistencial extraordinaria: Sanidad reconoció que entre el 31 de julio y el 14 de agosto Ingesa realizó 5.801 asistencias, además de más de 2.500 atenciones del dispositivo de refuerzo de Cruz Roja, con un pico de 1.149 asistencias en un solo día, el 31 de julio.
Mónica García visitó Ceuta el 16 de agosto, 17 días después del inicio de la crisis, para defender que no había existido un colapso sanitario, aunque reconoció la tensión y el esfuerzo extraordinario de los profesionales. Mientras el Ministerio insistía en que no existía emergencia sanitaria, la propia Administración activaba medidas extraordinarias de prevención. Este lunes, la Comisión de Salud Pública acordó con las comunidades autónomas enviar a Ceuta hasta 45.000 dosis de vacunas: 15.000 de triple vírica, 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio. Sanidad reconoce que se trata de una respuesta a las «necesidades extraordinarias de prevención» derivadas de la crisis, aunque han sido las comunidades autónomas las que han mostrado solidaridad, mientras la Comunidad de Madrid denuncia un «absoluto chantaje» de Mónica García.
