El Gobierno aprueba su reforma de financiación autonómica con el único respaldo de Cataluña y Canarias
El Consejo de Política Fiscal y Financiera da luz verde al nuevo modelo con 21.000 millones adicionales del Estado, pese al rechazo del resto de comunidades. El PP confía en que el Congreso tumbe un plan que, denuncia, «solo privilegia» a Cataluña.
Por Elena Lozano
El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con el único respaldo de Cataluña y Canarias, frente al rechazo del resto de comunidades de régimen común. El plan, que supone el primer intento serio de renovar un sistema caducado desde hace más de una década, incluye una aportación adicional del Estado de casi 21.000 millones de euros y mantiene el statu quo para que ningún territorio pierda recursos respecto al esquema actual.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió tras la reunión que la propuesta del Gobierno es «el único modelo que hay sobre la mesa» y reprochó al Partido Popular no haber presentado «ninguna propuesta alternativa». España subrayó que hacía 17 años que el CPFF no debatía un modelo de financiación y 12 desde que el vigente «ha caducado». El titular de Hacienda reivindicó además la voluntad de diálogo del Ejecutivo durante la elaboración de la reforma y recordó que el Consejo previsto para finales de julio fue aplazado a petición de las autonomías, que reclamaron más tiempo e información.
El ministro insistió en que el modelo aprobado es común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común, que no se trata de un «modelo especial» ni «a la carta» y que la adhesión será voluntaria. La propuesta contempla una mayor autonomía tributaria, mecanismos de nivelación horizontal y vertical y una aportación estatal de casi 21.000 millones adicionales. Según España, el nuevo sistema permitirá reducir las diferencias de financiación entre territorios y hacerlo «más equitativo, más igualitario, más solidario y más transparente».
La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, lamentó que la reforma siguiera adelante y expresó su esperanza de que el Congreso de los Diputados acabe tumbándola porque, en su opinión, «solo privilegia y beneficia a una comunidad autónoma» y mantiene «los agravios al resto». La dirigente popular auguró que el proceso será «bastante largo» y que no saldrá adelante dada la «debilidad» del Gobierno, aunque no aclaró si las comunidades del PP se acogerían al plan en caso de que finalmente se aprobara.
En paralelo, Hacienda ha acordado crear un nuevo instrumento al margen del sistema de financiación para compensar a los territorios que salen peor parados con el nuevo reparto de fondos, es decir, aquellos que recibirían una financiación por habitante inferior a la media. Todavía no se ha concretado de cuántos recursos dispondrá ni cómo se distribuirá. El ministerio solo ha transmitido que, a la hora de repartir el dinero, se tendrán en cuenta criterios como la despoblación, los efectos del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal, la reindustrialización, la innovación, la digitalización o la «ubicación extrapeninsular».
El nuevo vehículo partirá de una «reformulación» de los Fondos de Compensación Interterritorial, un mecanismo recogido en la Constitución que se utiliza para corregir desequilibrios financieros entre territorios. Cuando la entonces ministra María Jesús Montero presentó la reforma a comienzos de año ya habló de la posibilidad de crear un fondo de «dinamismo» dotado con unos 3.300 millones de euros para beneficiar a las autonomías peor paradas, y llegó a concretar que Cantabria y Extremadura, los dos únicos territorios que no mejoran su financiación con el nuevo modelo, recibirían 46 y 216 millones respectivamente gracias a este mecanismo.
El acuerdo aprobado por el CPFF supone un paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior llegada al Congreso como proyecto de ley, donde, según recalcó el ministro, «tendrán la última palabra» los grupos parlamentarios.
