El Ministerio de Vivienda blinda la vivienda pública mientras la oposición bloquea el decreto antidesahucios
El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, impulsa medidas como el blindaje permanente de la vivienda protegida y el proyecto Casa 47, que prevé inyectar hasta 100.000 viviendas públicas. El nuevo decreto que limita el alquiler de temporada y de habitaciones sigue bloqueado en el Congreso, mientras el precio del metro cuadrado alcanza un récord de 2.315 euros.
Por Inés Benítez
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez desde 2023, ha puesto en marcha una serie de medidas que, pese a las dificultades competenciales y parlamentarias, están sentando las bases para ampliar el parque público de vivienda en España. Entre ellas destaca el blindaje permanente de la vivienda protegida, una iniciativa que impide que los pisos de promoción pública pasen al mercado libre, un fenómeno que históricamente ha supuesto la pérdida de cientos de miles de unidades. Dentro del Plan estatal, las transferencias de fondos quedan condicionadas a que las viviendas construidas con ellos mantengan su carácter público de forma indefinida.
Otra de las apuestas del departamento es Casa 47, un proyecto que, aunque arranca con un número reducido de pisos y en ubicaciones poco relevantes, prevé desarrollar nuevos barrios de vivienda pública en Madrid, desde Campamento hasta Valdecarros. El objetivo final es que el Estado inyecte hasta 100.000 viviendas al sistema, una cifra similar a la prometida por Pedro Sánchez en la pasada campaña electoral. El ritmo de incorporación irá creciendo a medida que se adecúen las viviendas procedentes de la Sareb.
Sin embargo, el nuevo decreto de vivienda, que pone coto al alquiler de temporada y de habitaciones y facilita la construcción de vivienda pública, sigue sin aprobarse. La norma requiere el respaldo de una mayoría parlamentaria que el PSOE no tiene garantizada, y los sucesivos retrasos en la redacción de un texto que satisfaga a los partidos necesarios han impedido su convalidación. La propia ministra reconoció en una entrevista reciente que harán «todo lo posible» para frenar el desahucio de Maricarmen, una anciana que se ha convertido en símbolo del movimiento por la vivienda en Madrid y España, y que ha perdido parte de su salud durante el proceso. Al no estar aprobado el decreto, sus medidas antidesahucios aún no pueden aplicarse.
La falta de avances en materia de desahucios contrasta con la inacción del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, gobernados por el PP. El Sindicato de Inquilinas lo recordaba esta semana con una pancarta frente a un ático de lujo comprado con dinero público: «Ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen». El desahucio de la anciana, previsto para el próximo miércoles, será el tercer intento de ejecución.
Mientras tanto, el acceso a la vivienda sigue complicándose. El precio medio del metro cuadrado de vivienda libre en España ha alcanzado un récord absoluto de 2.315 euros, lo que supone que un piso de 100 metros cuadrados cuesta de media 231.500 euros. Las diferencias territoriales son enormes: la Comunidad de Madrid alcanza los 404.000 euros, frente a los 85.400 de Cuenca, la provincia más barata. En las comunidades con el alquiler topado, como Pamplona, Vitoria, Girona, Barcelona, A Coruña, Bilbao, San Sebastián y Lleida, los precios de compraventa suben menos que la media nacional, situada en el 12,5% anual. La mayor subida, del 15,9%, se ha registrado en Huelva.
El próximo martes arranca The District, la gran feria inmobiliaria de quienes obtienen altas rentabilidades con la vivienda, mientras la mayoría de los ciudadanos hace malabares para pagar un alquiler o una hipoteca. La paradoja entre los que más ganan y los que más pierden en la lucha por la vivienda se escenificará en pocos kilómetros de distancia.
Con el final de la legislatura a la vista y la posibilidad de que el PP presida el próximo Gobierno con apoyo de Vox, el ritmo de despliegue de estas medidas dibuja un escenario en el que la derecha podría recoger el legado del actual Ministerio de Vivienda, entregar las llaves de decenas de miles de pisos públicos y atribuirse logros como Casa 47, obviando que la fase de traspaso, construcción y adecuación es la más lenta y está siendo posible gracias al esfuerzo del equipo actual.
