La Generalitat pagará la mitad de la primera vivienda de los mayores de 40 años
El Govern de Salvador Illa destina 100 millones de euros a una fórmula inédita en España para que personas de entre 40 y 55 años con ingresos estables puedan comprar su primer piso con la administración como copropietaria. La medida se complementa con la ampliación del préstamo de emancipación para jóvenes y un fondo de 25 millones contra los desahucios.
Por Iván Serrano
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la puesta en marcha de un mecanismo inédito en España para facilitar la compra de la primera vivienda a personas mayores de 40 años con ingresos estables. La iniciativa, dotada con 100 millones de euros, permitirá que la administración catalana asuma la mitad de la propiedad del inmueble, según explicó Illa durante su intervención en el Debate de Política General del Parlament.
El objetivo es atender a quienes no pueden afrontar la entrada de un piso ni hacer frente a una hipoteca en solitario. «Muchas personas no pueden afrontar la entrada de un piso en Catalunya. El Govern ofrecerá un mecanismo para poder comprarlo conjuntamente», afirmó el president. La fórmula contempla que los compradores de entre 40 y 55 años compartan la titularidad con la Generalitat al 50% y puedan ser propietarios durante 50 años. Para los mayores de 56 años, la administración asumirá el 60% de la propiedad y el comprador podrá residir en la vivienda hasta 40 años.
Los beneficiarios mantendrán el derecho a vender el inmueble o dejarlo en herencia. En caso de venta, el Govern tendrá preferencia para recomprarlo y mantenerlo dentro del parque público. Una vez transcurrido el plazo de residencia, la vivienda regresará al parque público para que otra familia pueda ocuparla. Aunque el contenido completo de la medida aún no se ha desgranado, el president subrayó que se dirige a quienes tienen ingresos «estables» y no pueden acceder a una hipoteca convencional.
El anuncio llega en plena oleada de movilizaciones por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid tras 70 años viviendo en un piso. Esta situación ha desembocado en una negociación de última hora del Gobierno central para aprobar un decreto con medidas antidesahucios y la prórroga de alquileres hasta 2029. Illa quiso centrar su discurso en la vivienda como elemento indispensable para generar prosperidad en Catalunya y reivindicó que «ninguna comunidad autónoma está haciendo más por la vivienda que nosotros».
En la misma línea, el president anunció la ampliación del préstamo de emancipación para jóvenes de entre 18 y 40 años, que ofrece hasta 50.000 euros para la entrada al 0% de interés y sin comisiones. Más de 2.700 catalanes ya han accedido a esta medida, según el Govern. A partir de ahora, el préstamo también podrá financiar el 20% de la compra del derecho de superficie o de la propiedad de una vivienda protegida permanente, además de cubrir el 20% de la rehabilitación necesaria para obtener la cédula de habitabilidad.
Illa anunció además la creación de un fondo dotado con 25 millones de euros para la compra de pisos donde vivan personas en «extrema vulnerabilidad» y que vayan a ser desahuciadas. Se trata de una reserva de recursos para que la Generalitat pueda gestionar el alquiler de estas familias, ampliable con la participación de administraciones o bancos. El Govern busca así hacer frente a situaciones como la de Jordi, un hombre con el 87% de discapacidad desahuciado en el barrio de Cerdanyola de Mataró, o el suicidio de Olga en L'Hospitalet tras ser desahuciada.
Durante su intervención, Illa hizo balance de los dos planes anunciados en debates anteriores para elevar el parque público de vivienda al 15% del total. Del Pla 50.000, ya se ha entregado el 25% de las llaves previstas hasta 2030: existen 45.551 viviendas en proceso o construidas, de las cuales 12.599 se han sumado al parque protegido, unas 7.000 están en construcción y 25.943 se levantarán en solares a partir de 2027 y 2028. Del Pla 214.000, la Generalitat ha identificado 179 sectores con planeamiento y urbanización en fases diferentes, que permitirían construir 191.000 viviendas, aunque no se prevé iniciarlos en esta legislatura sino en la próxima década. El president propuso además una «reflexión» sobre cómo gestionar el parque público.
En materia educativa, Illa propuso a los grupos parlamentarios regular el reconocimiento de la autoridad pública de los profesionales de centros no universitarios. «Hacer caso al maestro», afirmó, al recordar una frase extendida. Desde el Govern añaden que «el éxito educativo se genera en la relación de los alumnos con su profesor» y consideran que es el momento de reforzar la autoridad docente. Finalmente, ante el contexto internacional «incierto» y el auge de los autoritarismos, el president anunció que Catalunya acogerá el próximo mes de noviembre una Conferencia de Regiones por la Democracia para reunir gobiernos y territorios.
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