El ex príncipe Andrés lleva a la Policía a los tribunales por los registros en el caso Epstein
El antiguo duque de York impugna ante el Tribunal Superior la legalidad de las órdenes que permitieron registrar sus propiedades en Sandringham y Royal Lodge durante la investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Por Iván Serrano
Andrés Mountbatten-Windsor ha decidido pasar a la ofensiva judicial. El antiguo duque de York ha iniciado acciones legales contra la Policía del Valle del Támesis para impugnar la legalidad de las órdenes que permitieron a los agentes registrar dos de sus propiedades: su vivienda en la finca de Sandringham y Royal Lodge, su residencia durante años en Windsor. El movimiento no se dirige contra la investigación sobre Jeffrey Epstein en sí, sino contra la forma en que la Policía obtuvo y ejecutó esas órdenes de registro.
Un juez del Tribunal Superior ha dado luz verde para que la revisión judicial pueda plantearse. Esta vía permite examinar la legalidad de actuaciones de autoridades públicas. La cuestión es relevante porque de esas órdenes dependió el acceso de los agentes a ambos inmuebles y la incautación de documentación y dispositivos electrónicos que podrían formar parte de las pesquisas, que continúan abiertas. Está prevista una vista privada ante el Tribunal Superior el próximo jueves, en la que se abordará, entre otras cuestiones, si determinados documentos relacionados con el procedimiento pueden hacerse públicos.
La batalla legal llega en un momento delicado para el ex príncipe. Andrés fue detenido el 19 de febrero de 2026, el mismo día en que cumplía 66 años, en su residencia de Sandringham. Los agentes lo trasladaron a la comisaría de Aylsham, en Norfolk, donde permaneció alrededor de doce horas mientras era interrogado. Después quedó en libertad bajo investigación y sin cargos formales. Paralelamente, los investigadores registraron durante varios días sus propiedades y se llevaron documentación y dispositivos electrónicos que podrían resultar relevantes para las pesquisas.
La Policía del Valle del Támesis ha confirmado que existen procedimientos judiciales en marcha relacionados con las órdenes obtenidas previamente ante el Tribunal Penal Central, aunque ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto porque la investigación sigue abierta. El equipo legal de Andrés pretende que un juez determine si aquellas actuaciones policiales se ajustaron realmente a la ley, lo que coloca a la propia Policía en el punto de mira.
El origen de la investigación se remonta a la nueva documentación relacionada con Jeffrey Epstein que fue saliendo a la luz en Estados Unidos. Los investigadores británicos pusieron el foco en la etapa en la que Andrés ejerció como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, entre 2001 y 2011. Según las informaciones publicadas a raíz de los archivos, habría compartido con Epstein documentación relacionada con su actividad oficial, incluidos informes sobre viajes y reuniones en países asiáticos. También habría enviado información relacionada con oportunidades de inversión en Afganistán.
La Policía trata de determinar si alguno de esos documentos estaba protegido por las obligaciones de confidencialidad derivadas del cargo que ocupaba y si su eventual transmisión podría constituir el delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, conocido en Reino Unido como «misconduct in public office». Se trata de una figura del derecho penal británico que puede acarrear una pena muy elevada. Sin embargo, Andrés no ha sido acusado formalmente y cualquier eventual responsabilidad penal tendría que determinarse en un procedimiento judicial. El antiguo príncipe ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con Epstein.
El movimiento judicial tiene además una dimensión histórica. Según la prensa británica, se trata de la primera vez desde el proceso contra Carlos I en 1649 que un miembro de la familia real británica cuestiona judicialmente la legalidad de una actuación penal dirigida contra él. La comparación resulta llamativa por el contexto: Carlos I fue juzgado por traición y posteriormente ejecutado, mientras que Andrés se encuentra bajo investigación y no ha sido acusado formalmente de ningún delito.
La investigación ha colocado nuevamente a la familia real británica ante uno de sus episodios más incómodos. Carlos III ya había marcado distancias con su hermano mucho antes de esta nueva ofensiva judicial. Andrés perdió sus títulos y honores y dejó de utilizar oficialmente su condición de príncipe, en medio de la crisis provocada por sus vínculos con Epstein y por las acusaciones que durante años han rodeado al antiguo duque de York. Tras su detención, el monarca volvió a dejar claro que la investigación debía seguir su curso y que el proceso debía desarrollarse de manera plena y justa.
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