El Gobierno británico endurece los requisitos de residencia permanente para los trabajadores migrantes
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirma reglas más exigentes para obtener la residencia permanente, aplicables también a quienes ya llevan años legalmente en el Reino Unido, aunque suaviza algunas condiciones para el personal sanitario y educativo.
Por Elena Lozano
El Gobierno laborista británico confirmó este lunes que endurecerá los requisitos para obtener la residencia permanente de los trabajadores extranjeros que se encuentran legalmente en el Reino Unido. Las nuevas normas, más suaves que la propuesta inicial presentada hace un año, se aplicarán también de forma retrospectiva a quienes llevan años en el país y que ahora deberán esperar una década y cumplir más obligaciones para obtener un permiso de residencia indefinido.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció como concesión que miles de empleados del sector sanitario podrán conservar su estatus actual, con más facilidades para obtener el permiso. Además, redujo de 15 a 10 años el plazo de espera respecto al plan que presentó el año pasado. Las reglas para los ciudadanos de la Unión Europea no cambiarán, en cumplimiento del acuerdo de salida del Reino Unido del bloque.
En los últimos cinco años, el Ministerio del Interior ha aprobado visados para 200.000 trabajadores sanitarios y especializados en cuidados, la mayoría durante los gobiernos conservadores. Estos trabajadores tienen ahora que esperar cinco años para ser residentes permanentes, y pueden llevar a sus familiares directos al Reino Unido.
Mahmood presentó sus planes más duros el año pasado, siendo ministra del anterior Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer. Tras una consulta pública que recogió críticas de sindicatos, empresarios y organizaciones antirracistas, la ministra ha suavizado su propuesta, pero mantiene y amplía los requisitos para el permiso de residencia permanente. «La residencia no tiene que ser automática, hay que ganársela», afirmó Mahmood este lunes en el Parlamento.
Según el nuevo esquema, además del tiempo transcurrido en el país, se exigirá hablar inglés «en un estándar alto», haber cotizado durante al menos tres años y trabajar en sanidad o educación o, en algunos casos, cobrar más de 50.000 libras al año (unos 59.000 euros). Quienes más ganan, por encima de las 125.000 libras (unos 149.000 euros), podrán obtener la residencia permanente en solo tres años. El estándar general pasa a ser de 10 años en lugar de cinco.
Los cambios se aplicarán a quienes no hubieran iniciado el trámite de solicitud de residencia permanente antes de mayo de 2025, cuando se publicaron las primeras propuestas. El Gobierno asegura a la BBC que, con el plan inicial, casi 800.000 personas habrían tenido que esperar más para obtener su permiso; ahora serán unas 517.000, gracias sobre todo a las excepciones para los trabajadores sanitarios.
Quienes lleguen al Reino Unido como refugiados tendrán que esperar 20 años para solicitar la residencia permanente, salvo circunstancias especiales. Quienes hayan entrado sin documentación y hayan regularizado después su situación deberán esperar 30 años. La residencia permanente permite vivir, estudiar y trabajar sin las restricciones habituales de un visado, y facilita el acceso a la educación gratuita, las prestaciones por desempleo y ayudas sociales como la vivienda pública. Según la ministra, se trata de reformar el sistema para que sea «justo».
Algunos miembros del propio Gobierno han criticado los planes de Mahmood en los últimos meses. La ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, afirmó en septiembre que las medidas del Ministerio del Interior habrían sido «difíciles» para su propia familia, ya que sus padres huyeron de Liberia al Reino Unido en los años ochenta. Los padres de Mahmood también son migrantes, en su caso procedentes de Pakistán.
El contexto económico añade presión al debate. Sectores clave como la sanidad, los cuidados y el transporte siguen sufriendo falta de trabajadores, agravada desde la salida del Reino Unido de la UE en 2020. El Servicio Público de Salud ha contratado personal de fuera de Europa, aunque las cifras siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la migración neta, es decir, la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se van, sigue descendiendo: según los datos oficiales, fue de unas 171.000 personas en 2025, cerca de la mitad que el año anterior.
El número de solicitantes de asilo fue de unas 93.000 personas entre marzo de 2025 y marzo de 2026, un 12% menos que en el mismo periodo anterior, aunque el doble que antes de 2020. Por otra parte, según estimaciones del Instituto de Investigación de Políticas Públicas, un centro de estudios progresista sin ánimo de lucro, la contribución fiscal neta de los trabajadores migrantes que se espera obtengan la residencia permanente junto con sus familiares hasta 2030 ronda los 137.000 millones de euros.
El primer ministro, Andy Burnham, sostiene ahora que la migración legal compensa «huecos en la economía» por la falta de trabajadores. El dirigente laborista defiende reabrir el debate sobre la libre circulación de personas con la Unión Europea, que, según él, servía mejor al país cuando los europeos entraban sin barreras y se quedaban menos tiempo para trabajar, en algunos casos mientras aprendían inglés. «La migración y la migración ilegal han cambiado mucho con el Brexit y tenemos que ser sinceros sobre esto», declaró.
La versión más suave de las propuestas iniciales no ha aplacado las críticas de ningún lado del espectro político.
Fuente: eldiario.es
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