Alfonso Rodríguez afronta una crisis con la Guardia Civil y la Policía Nacional antes de volver a Calvià
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, afronta un deterioro de su relación con sectores de la Guardia Civil y la Policía Nacional mientras prepara su regreso a la política municipal como candidato del PSIB-PSOE a la Alcaldía de Calvià.
Por Inés Benítez
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria política. Su anunciada salida de la Delegación del Gobierno, su intención de regresar a Calvià como candidato del PSIB-PSOE y el creciente malestar expresado desde sectores vinculados a la Policía Nacional y la Guardia Civil han situado al político socialista en el centro de una tormenta política en las islas.
La relación institucional con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se habría deteriorado de forma progresiva después de varias polémicas relacionadas con actuaciones policiales y con la respuesta ofrecida desde la Delegación del Gobierno. Representantes de determinados colectivos y sindicatos policiales han expresado públicamente críticas contra su gestión e incluso han reclamado responsabilidades políticas, llegando a pedir su dimisión. Para quienes cuestionan su actuación, no se trata de una discrepancia puntual, sino de una ruptura de confianza especialmente grave para quien ocupa la máxima representación del Gobierno de España en Baleares.
Uno de los episodios que provocó una mayor controversia estuvo relacionado con la actuación de la Guardia Civil contra un grupo de activistas investigados por actos vandálicos, con cristaleras destrozadas, puertas dañadas y pintadas en fachadas de establecimientos e inmobiliarias. Los daños económicos alcanzaban miles de euros y la operación de la Benemérita generó de inmediato una fuerte polémica política. Sus detractores consideraron que el delegado del Gobierno no defendió con suficiente contundencia la actuación de los agentes que cumplieron con sus obligaciones, lo que dio origen a algunas de las críticas más duras contra su figura.
La situación alcanzó uno de sus momentos más tensos durante la polémica manifestación antiturismo, que terminó con enfrentamientos, actuaciones policiales y personas heridas, entre ellas manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. La actuación de la Policía Nacional volvió a situarse en el centro del debate político y, con ella, también la posición de Alfonso Rodríguez Badal. Sus críticos aseguran que el delegado del Gobierno no respaldó en ningún momento a los agentes que tuvieron que intervenir durante los incidentes, una interpretación que provocó una enorme indignación entre determinados sectores vinculados a la Policía Nacional. Para algunos representantes del colectivo, aquel episodio supuso un antes y un después y el momento en el que la confianza quedó seriamente dañada.
Formalmente, las instituciones continúan funcionando y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplen con las obligaciones establecidas por la ley, pero para los sectores más críticos existe una diferencia fundamental entre ejercer una autoridad institucional y contar con la confianza personal y profesional de quienes trabajan cada día sobre el terreno. Esa distancia es la que, según sus detractores, define hoy la relación entre el delegado del Gobierno y los cuerpos policiales en Baleares.
Alfonso Rodríguez Badal afronta, por tanto, un futuro político cargado de incertidumbre. Sus críticos no olvidan las polémicas, los sindicatos mantienen sus reproches y el desgaste acumulado amenaza con acompañarle en su regreso a Calvià. Hace meses anunció su intención de abandonar la Delegación del Gobierno en Baleares para iniciar una nueva aventura política como candidato socialista a la Alcaldía de Calvià, un regreso que no estará exento de polémica después del resultado obtenido en los anteriores comicios municipales.
Alfonso sufrió entonces una importante derrota frente al Partido Popular y posteriormente abandonó la primera línea de la política municipal para asumir responsabilidades en la Delegación del Gobierno, una decisión que sus adversarios han utilizado desde entonces para reprocharle haber dejado atrás el proyecto electoral con el que pidió la confianza de los ciudadanos. Ahora pretende volver a Calvià, pero lo hace cargando con un importante desgaste político y con una situación especialmente complicada en su relación con sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dentro de su propio partido, según sus críticos, su regreso tampoco está bien considerado y vaticinan que se pegará un batacazo de dimensiones considerables en las próximas elecciones. La batalla política está servida y la última palabra la tendrán los ciudadanos, pero antes el socialista tendrá que superar una crisis que ha dejado una imagen difícil de borrar: la de un delegado del Gobierno cuestionado por sectores de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
