Begoña Gómez pide su absolución y niega haberse beneficiado de su matrimonio con Sánchez
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha remitido al juez su escrito de defensa en el que solicita la absolución y rechaza que los hechos investigados sean constitutivos de delito. Niega haber influido en la creación de la cátedra de la UCM o haberse apropiado del software.
Por Elena Lozano
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado este viernes su escrito de defensa ante el juez que instruye la causa, en el que solicita su absolución al considerar que los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno» y que el caso no debería llegar a juicio. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, pide además que se condene al pago de las costas procesales a la acusación popular por su «temeraria actuación procesal».
La mujer del líder del PSOE niega de forma rotunda que aprovechase su condición de cónyuge del presidente para obtener beneficios personales. En relación con la creación de la cátedra extraordinaria y su nombramiento como codirectora, la defensa sostiene que Gómez «no influyó ni ejerció presión moral» sobre el rector, el vicerrector ni ninguna otra autoridad o funcionario de la Universidad Complutense de Madrid, «aprovechándose de su vínculo matrimonial». La defensa insiste en que la cátedra no ha supuesto beneficio económico alguno para su representada, que la dirigió «de forma gratuita durante cuatro años».
El escrito subraya que la actividad retribuida estaba sujeta a un límite de 15.000 euros brutos anuales y que las cuantías para cada función «eran aprobadas anualmente mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de la UCM», de modo que todos los profesores cobraban lo mismo por hora impartida, respetando el máximo fijado por el Consejo Social. La defensa también rechaza que Gómez se apropiara del software vinculado a la cátedra, que «siempre se previó como una herramienta gratuita, sin ánimo de lucro y con una finalidad puramente didáctica», y cuyas actividades de desarrollo eran conocidas por los responsables universitarios.
Frente a la tesis de la acusación popular, el escrito sostiene que la UCM no sufrió perjuicio patrimonial alguno. Los gastos del desarrollo de la plataforma se financiaron con aportaciones de entidades colaboradoras, según convenio, y la universidad incorporó a su haber 17.600 euros, correspondientes al 10% de la financiación privada recaudada. Tras el cese de la cátedra, existe además un remanente de 29.685,11 euros en poder de la UCM cuyo destino se desconoce.
Lejos de reconocer que su condición de esposa del presidente le beneficiara profesionalmente, la defensa destaca que, como todas las cónyuges de los presidentes del Gobierno en democracia, Gómez realiza «de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia», lo que implica obligaciones de residencia y seguridad que limitan su actividad profesional y su vida privada. Esta condición la obliga a vivir en el complejo de La Moncloa, donde se ubica su despacho, y determina que empleados públicos participen en actividades privadas fuera del recinto, esencialmente los servicios de seguridad y logística.
El escrito aborda también el papel de su asistente, Cristina Álvarez, también imputada en la causa. La defensa justifica su presencia en reuniones vinculadas a la cátedra y las comunicaciones con patrocinadores al señalar que su trabajo incluye la gestión de la agenda pública y privada, la preparación de reuniones y eventos, y la interlocución con los equipos de seguridad cada vez que Gómez sale de La Moncloa. La asistente, añade, no ha desatendido sus funciones por auxiliar a la esposa del presidente en cuestiones relacionadas con la cátedra.
