Conde-Pumpido insta al Supremo a adoptar la «decisión adecuada» sobre la amnistía y subraya que la doctrina del TC es «vinculante»
El presidente del Tribunal Constitucional recuerda al Supremo que la doctrina del TC es de obligado cumplimiento y pide a los partidos renovar los órganos judiciales pendientes.
Por Marcos Esteban
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha instado al Tribunal Supremo a tomar la «decisión adecuada» sobre la ley de amnistía y ha recordado que la doctrina del Constitucional es «vinculante» para todos los tribunales. Sus declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre ambos órganos judiciales por la aplicación de la norma que borra los delitos vinculados al procés independentista catalán.
Conde-Pumpido no ha querido adelantar cuál será la resolución del TC sobre la posible amnistía de los delitos de malversación, pero ha subrayado que cualquier decisión que adopte el tribunal de garantías deberá ser acatada. «La doctrina del Tribunal Constitucional es vinculante», ha afirmado, en referencia a la obligación de todos los poderes públicos de cumplir con los pronunciamientos del intérprete supremo de la Constitución.
El máximo responsable del TC ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y ha insistido en que el tribunal resolverá conforme a derecho. Sus palabras llegan después de que el Constitucional haya ido cerrando el círculo sobre la amnistía con una serie de resoluciones que han ido delimitando el alcance de la norma y su aplicación a los distintos delitos.
Además, Conde-Pumpido ha aprovechado su intervención para reclamar la renovación de la parte del tribunal que corresponde designar al Senado, un nombramiento que lleva años bloqueado por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. El presidente del TC ha pedido a los partidos que «cumplan con el mandato constitucional» y procedan a cubrir las vacantes pendientes, una situación que, según ha advertido, afecta al normal funcionamiento de la institución.
La renovación del Constitucional es uno de los asuntos más enquistados de la política española. El órgano de garantías tiene pendientes varios nombramientos que dependen de la Cámara Alta, lo que ha provocado un funcionamiento anómalo con magistrados en funciones durante más tiempo del previsto por la ley. Esta situación ha sido criticada en repetidas ocasiones por distintos sectores jurídicos y políticos, que advierten del riesgo de deslegitimación que supone para el tribunal.
Las declaraciones de Conde-Pumpido se enmarcan en la recta final de la tramitación de la amnistía en los tribunales. El Supremo debe decidir si aplica la norma a los delitos de malversación, una cuestión que ha generado un intenso debate jurídico y político. El TC ya ha establecido doctrina sobre algunos aspectos de la ley, y ahora el alto tribunal deberá ajustar su actuación a esos criterios.
El presidente del Constitucional ha reiterado que el tribunal que preside actúa con total independencia y que sus resoluciones no responden a ningún interés político. «No adelanto la resolución, pero la decisión será vinculante», ha insistido, en un intento de rebajar la tensión y de recordar el papel institucional del TC como garante de la Constitución.
La relación entre el Supremo y el Constitucional atraviesa uno de sus momentos más delicados. Las discrepancias sobre la interpretación de la amnistía han evidenciado una fractura entre ambos órganos, algo poco habitual en la historia reciente de la justicia española. En este contexto, las palabras de Conde-Pumpido buscan marcar el terreno y dejar claro que la última palabra sobre la constitucionalidad de las normas corresponde al TC.
Mientras tanto, los partidos políticos siguen sin alcanzar un acuerdo para renovar los órganos constitucionales pendientes. La falta de consenso ha convertido esta tarea en una de las asignaturas pendientes de la legislatura, y el propio Conde-Pumpido ha recordado que se trata de una obligación que no admite más demoras. El presidente del TC ha apelado a la responsabilidad de las formaciones para desbloquear una situación que afecta a la credibilidad de las instituciones.
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