El juez del rescate de Air Europa cita como testigos a la vicepresidenta Aagesen y a Errejón en plena campaña electoral
El magistrado que investiga el rescate público de 475 millones a Air Europa ha citado a declarar como testigos a una decena de cargos, entre ellos la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y el exdiputado Íñigo Errejón, los días 23 y 24 de noviembre, la misma semana de las elecciones generales.
Por Elena Lozano
El juez que investiga el rescate público de 475 millones de euros a Air Europa ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón. Las declaraciones se producirán los días 23 y 24 de noviembre, la misma semana en la que se celebrarán las elecciones generales, según ha trascendido este martes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha fijado esas dos jornadas para tomar declaración a una decena de personas en el marco de la investigación abierta por presunta prevaricación administrativa. El caso arranca de las querellas interpuestas por el PP y Vox, que fueron admitidas a trámite el pasado mes de junio.
Entre los citados figuran también la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque; el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Francisco Javier Loriente; el ex secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco; el subsecretario para la Transición Ecológica, Miguel Ángel González Suela; el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; el ex secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura; el ex director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha Vázquez; y el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo.
La investigación se centra en el préstamo concedido a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. El primer imputado fue el vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, que era el máximo responsable del órgano que dio luz verde al rescate. En su comparecencia ante el Senado, Lora sostuvo que nunca recibió presiones del Gobierno para adjudicar los préstamos: «Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado».
La querella del PP, a la que ha tenido acceso este medio, argumenta que Air Europa no cumplía los requisitos legales para acogerse al préstamo público porque, según informaciones publicadas en prensa, Globalia —matriz de la aerolínea— «mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015».
Los populares recuerdan que uno de los requisitos exigidos para conceder el rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, pese a lo cual la SEPI recabó un informe favorable de la Abogacía del Estado. La querella añade que el apoyo financiero no se otorgó directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una «sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones».
El PP sostiene además que el rescate, por importe total de 475 millones de euros, se estructuró en dos tramos diferenciados para evitar «la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea». A juicio de los querellantes, estos hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa al tratarse de «una resolución arbitraria» dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. El consejo gestor del FASEE fue, según la querella, el órgano que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.
En el auto por el que se acordó la declaración como investigado de Lora, el juez requirió a la SEPI y al FASEE una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y los detalles relativos al consejo gestor que participó en las decisiones sobre el rescate de la aerolínea.
Esta nueva ronda de citaciones llega después de que este mismo martes haya trascendido que el PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impute al PSOE en el caso Leire Díez. Previsiblemente, la decisión del magistrado se conocerá también antes de las elecciones generales.
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