Hacienda y Economía cuestionan el Estatuto Marco sanitario por no cuantificar su coste
Los ministerios de Hacienda y Economía han reprochado a Sanidad que el anteproyecto del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios carezca de una estimación presupuestaria rigurosa, lo que deja en una posición comprometida a la ministra Mónica García.
Por Inés Benítez
El Ministerio de Sanidad ha recibido un doble varapalo interno en plena tramitación del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Los informes emitidos por los ministerios de Hacienda y Economía cuestionan que el departamento dirigido por Mónica García haya presentado la norma sin cuantificar adecuadamente su impacto económico, un reproche que llega desde el propio Ejecutivo y que complica la aprobación de una reforma que afecta a las condiciones laborales de los servicios de salud.
El informe de la Secretaría General Técnica de Hacienda, firmado el 24 de julio, critica que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) no haya calculado el coste real de las medidas previstas. El departamento dirigido por María Jesús Montero denuncia que la financiación se plantea «sin concreción de cuantías ni de instrumentos» y reclama «la estimación del impacto presupuestario» para compensar a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de sufragar la reforma.
Hacienda considera que la memoria opta por una «descuantificación» completa del impacto y exige expresamente que se realice «un estudio aproximado sobre los gastos de personal que generaría y el impacto presupuestario» en cada comunidad autónoma. El informe advierte de que las modificaciones de jornada, movilidad, reclasificaciones profesionales y nuevas retribuciones tendrán consecuencias económicas que deben calcularse antes de aprobar la norma, y subraya que la reducción de jornada en el sector sanitario tiene una «repercusión automática en el gasto de personal» por la necesidad de realizar nuevos nombramientos y contrataciones.
El Ministerio de Economía coincide en el diagnóstico y señala que el Estatuto Marco analiza medidas que pueden tener impacto «sin cuantificarlo», pese a que considera «previsible» la «necesidad de modificaciones presupuestarias», especialmente en las comunidades autónomas. Ambos departamentos reclaman precisamente aquello que Sanidad no ha aportado: una estimación rigurosa de cuánto costará la reforma, qué impacto tendrá sobre las cuentas públicas y quién pagará su aplicación.
El varapalo adquiere una dimensión política evidente porque se produce durante la tramitación del proyecto, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que deberá pasar por el Congreso y el Senado. Además, el Consejo de Estado no ha emitido dictamen porque, según la documentación aportada, no se le ha solicitado. Hacienda también exige «identificar la financiación que aportará el Estado para compensar a las comunidades autónomas» y sentencia: «Es preciso que se aporte una estimación de su coste».
El choque con los ministerios económicos se suma al conflicto abierto con los médicos, que ya han anunciado que convocarán una huelga indefinida a partir de octubre, una vez pasada la festividad del Pilar. Los profesionales sanitarios también emprenderán acciones jurídicas para frenar lo que consideran una incongruencia del Estatuto Marco al equiparar a los médicos con el resto de las profesiones sanitarias, pese a las diferencias en formación, responsabilidad y condiciones laborales.
El colectivo médico lleva más de un año denunciando la falta de mejoras laborales, salariales y de plantilla, y las movilizaciones han ido en aumento en los últimos meses. Con los informes de Hacienda y Economía sobre la mesa, el Ejecutivo se enfrenta ahora a una reforma que nace cuestionada desde dentro del propio Gobierno y sin el respaldo de los sindicatos médicos, lo que deja a Sanidad en una posición especialmente delicada para defender la norma en el Parlamento.
