La Audiencia Nacional paraliza el campamento para inmigrantes del Puerto de Ceuta
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha paralizado de forma provisional el campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, tras un recurso del Sindicato Unificado de Policía. La decisión deja en el aire el inicio de los traslados y profundiza la batalla política entre el Ejecutivo y el PP.
Por Inés Benítez
La Audiencia Nacional ha paralizado de forma provisional el campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta. La decisión, adoptada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso, responde a un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y se mantendrá hasta que los magistrados se pronuncien sobre la suspensión cautelar solicitada.
La providencia judicial, conocida este miércoles, requiere al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que remita con urgencia la resolución u orden que autorizaba el dispositivo, así como el resto de la documentación del expediente administrativo. Mientras no se resuelva la medida cautelar urgente, los jueces subrayan que «no se puede ejecutar la resolución u orden referidas», lo que bloquea de momento la puesta en marcha de las instalaciones.
El SUP alegó en su recurso la falta de publicación y notificación de la actuación administrativa impugnada, sin que constase su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El sindicato policial cuestionaba así la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del puerto ceutí para un dispositivo temporal de acogida con capacidad estimada de entre 700 y 1.000 plazas.
El campamento, compuesto por numerosas tiendas de campaña de una docena de plazas cada una, estaba llamado a descongestionar la presión sobre otros puntos de la ciudad autónoma, como la playa de El Trampolín o la playa Benítez, donde se concentran varios miles de personas en asentamientos improvisados. El Ejecutivo había anunciado su instalación para alojar a parte de las personas que accedieron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, y Transportes había habilitado el espacio para carpas, enfermería y servicios sociales de forma provisional hasta diciembre de 2026.
La elección del puerto como ubicación provocó las protestas de vecinos, empresarios y del gobierno de la ciudad, que consideran el lugar estratégico para la economía local, ya amenazada desde la llegada masiva de finales de julio. Varios medios daban por hecho que el campamento entraría en funcionamiento esta semana, pero finalmente no ha sido así, y la decisión judicial deja en el aire el inicio de los traslados.
El último traslado relevante de inmigrantes se produjo hace apenas unos días, cuando el Gobierno desalojó a cerca de 800 personas que se hacinaban casi desde el inicio de la crisis en Loma Colmenar y las reubicó en una instalación de la barriada de Los Rosales. A esta presión sobre los recursos se suma la discrepancia sobre las cifras: el presidente del Gobierno planteó esta semana la habilitación de hasta 10.000 plazas para migrantes, lo que pone en entredicho los datos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desde hace un mes sostiene que en la ciudad quedan 5.000 inmigrantes.
La paralización ha desatado un enorme malestar en el Ejecutivo, que acusa a los jueces de poner «palos en las ruedas» a la hora de solucionar el colapso de Ceuta. Esa crítica se suma a la ofensiva contra el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la ley de nietos, una decisión que el PP celebra. En Génova también han aplaudido la resolución sobre el campamento: el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, señaló ante los medios que «ya habíamos avisado de que la decisión que habían tomado no era la adecuada» y censuró que Moncloa «no quiere escuchar ni a la gente de Ceuta ni al presidente Vivas».
La decisión judicial profundiza además la brecha entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ya muy deteriorada por las críticas del líder ceutí, respaldadas al unísono por todo el PP. Este miércoles, a la salida de la sesión de control y preguntado por los menores migrantes que aún deambulan por las calles de la ciudad casi 50 días después, Sánchez se descargó de responsabilidad y apuntó al líder local, lo que ha provocado un choque de trenes entre el Gobierno y la oposición.
