Las últimas familias okupas del campo de Puerta Bonita piden un alquiler social
Seis personas, entre ellas cuatro niños, viven en los antiguos vestuarios del campo de Puerta Bonita, en Carabanchel, mientras el Ayuntamiento de Madrid decide el futuro del solar y les ofrece una vivienda compartida que rechazan.
Por Iván Serrano
Las últimas familias que ocupan los antiguos vestuarios del campo de Puerta Bonita, en Carabanchel, reclaman un alquiler social que puedan pagar y rechazan la vivienda compartida que les ha ofrecido el Ayuntamiento de Madrid. Son seis personas, entre ellas cuatro niños, repartidas en varias dependencias del antiguo recinto deportivo, situado entre las calles General Ricardos y de la Oca.
El terreno fue escenario de los partidos del club deportivo Puerta Bonita y del rodaje de la película 'El penalti más largo del mundo', protagonizada por Fernando Tejero. Ahora, los vestuarios se han transformado en viviendas. Según relatan sus habitantes, en los últimos meses han observado «mucho movimiento» del Consistorio en el terreno, en la medida en que se estudia darle un nuevo uso cultural. Moisés, María, Rubén y Tamara respaldan las reivindicaciones vecinales para convertir el espacio en un polideportivo, pero piden que sus familias se tengan en cuenta en la solución definitiva. «Somos okupas de este terreno, pero no estamos aquí por gusto», afirman.
La ocupación se remonta a 2017. El padre de Rubén, tío de Moisés, trabajaba en la chatarra y tenía contactos en el entorno de Oporto. Uno de ellos, el entonces encargado del mantenimiento del campo de fútbol, le avisó de que el terreno estaba abandonado. Decidió instalarse y, con distintos materiales, fue acondicionando el antiguo vestuario hasta convertirlo en una vivienda. Desde entonces, al menos otras cuatro personas han ocupado estos terrenos.
Rubén explica que su padre llevaba 30 años sin vivienda, a la espera de un sorteo de alquiler asequible, y que este año por fin le llamaron. «Estamos muy contentos porque ahora tiene un hogar para vivir con mi hermana pequeña», cuenta. Rubén tiene 22 años, es padre de una niña de un mes, está separado y trabaja pintando farolas. «Me da para vivir lo justo y necesario, pero es difícil. Ya quisiera darle una mejor vida a mi hija».
En el vestuario contiguo vive Moisés, de 23 años, con su pareja, María, y su hijo. Trabaja en la chatarra y antes residió en el poblado chabolista de La Fortuna, entre la capital y el municipio de Leganés. En otra de las antiguas dependencias vive Tamara, separada y con dos hijos pequeños, uno de ellos a punto de cumplir un año. Ella no tiene empleo y lamenta no haber podido continuar sus estudios por decisión de su madre. «A lo mejor no estaría aquí si me hubiese dejado seguir aprendiendo en el instituto. Yo no quiero vivir del Estado, pero necesito ayuda para salir de aquí».
Los cuatro aseguran haberse presentado a «decenas» de sorteos de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para acceder a un alquiler asequible, sin que ninguno haya obtenido todavía una vivienda. Cuando llegaron al solar, ya había agua y luz conectadas a otras instalaciones. Con el tiempo han sufrido cortes de suministro y problemas en las tuberías que, según describen, «huelen fatal». «El día del apagón pensamos que nos habían vuelto a cortar la luz porque llevábamos tres días seguidos sin servicio», indica Tamara.
Los vecinos del antiguo campo están empadronados en este lugar, con buzón incluido, y han recibido visitas de los servicios sociales del Consistorio. Lo último que se les ha ofrecido es una vivienda compartida «entre tres meses y un año». Aunque aceptaron una entrevista con los profesionales municipales, la rechazan. «No queremos ir con alguien que no conocemos cuando tenemos menores. Lo único que pedimos es un alquiler social que podamos pagar. Siendo realistas, no vamos a pedir un piso de más de 900 euros porque es imposible asumirlo», defiende Tamara.
En los últimos meses han notado, además, acciones para desalojar el terreno. En julio, la Policía retiró nueve vehículos y denunció a 13 por carecer de seguro obligatorio o de la inspección técnica de vehículos (ITV). También se trasladaron gallinas y pavos al Centro de Protección Animal. «Pero en ningún momento nos han desocupado», apunta Moisés. Algunos de los coches retirados llegaban de noche y sin previo aviso, alejados de los vestuarios, y varias personas pernoctaban en ellos, con las que apenas tenían relación. Los residentes reconocen que la suciedad se acumuló en la zona, por lo que entre todos decidieron contratar una excavadora para limpiarla. «Hemos reacondicionado el vestuario para que pareciera una casa, dentro de lo que se podía», recalca Moisés, quien insiste en que buscan una «vida normal y estable» para sus hijos.
Según fuentes municipales, la Junta de Gobierno aprobó el 25 de junio el desalojo de la parcela para devolvérsela a la Comunidad de Madrid, y el distrito de Carabanchel es el encargado de tramitar el proceso. Desde entonces, los servicios sociales mantienen seguimiento de los residentes. El 16 de octubre, los profesionales volvieron a entrevistar a las unidades familiares afectadas, a las que se ofrecieron «diversas alternativas» de intervención social, entre ellas la vivienda compartida. Desde el Consistorio insisten en que «se está trabajando en ello».
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