Villaverde de Pontones se opone a una piscina de olas en el interior de Cantabria
El Gobierno de Cantabria ha declarado de interés regional el proyecto Olucas Surf Center, un complejo con piscina de olas en Villaverde de Pontones, mientras los vecinos y parte de la corporación municipal cuestionan su consumo de agua, su financiación y sus accesos.
Por Elena Lozano
Villaverde de Pontones, un pueblo de menos de 500 habitantes en el interior de Cantabria, se ha movilizado contra un proyecto que pretende instalar una piscina de olas artificial en su término. El Boletín Oficial de Cantabria publicó el 22 de octubre la declaración de interés regional (PSIR) del Olucas Surf Center, un complejo con piscina de olas, alojamientos y restauración que se proyecta en la localidad, dentro del municipio de Ribamontán al Monte.
La solicitud entró el 26 de junio y el Consejo de Gobierno la aprobó el 15 de octubre. Cuando se presentó el proyecto, el consejero de Fomento, Roberto Media, calculaba que el PSIR completo podría estar aprobado «en un año, un año y algo». De momento solo se ha declarado el interés regional. Según el Gobierno, la piscina podría generar olas hasta 1.000 por hora, durante 16 horas al día, los 365 días del año y con independencia del estado de la mar. El promotor, Ignacio Martínez-Peñalver, sostiene que «el surf ya está aquí». La propia comunidad ofrece olas naturales en Somo y Loredo, a unos siete kilómetros de Villaverde de Pontones.
El agua es el punto de mayor conflicto. El Gobierno explicó en la presentación que el consumo equivale a llenar dos piscinas convencionales o a mantener tres campos de golf. Según, el proyecto lo compara con un campo de fútbol. La documentación del promotor cifra el consumo en 30.000 metros cúbicos al año, el equivalente a diez piscinas olímpicas, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) habla de 60 millones de litros anuales, el doble. El informe técnico del Ayuntamiento pide que el agua llegue por una vía independiente de la red municipal y que el circuito cerrado se explique técnicamente antes de la aprobación definitiva. Esta cuestión es especialmente sensible en un municipio con restricciones de agua en verano.
La inversión, superior a 40 millones de euros, es privada, según insistió Media, que aseguró que el Gobierno «no pone ni un solo euro». Lo que sí aporta la administración es la vía rápida y la recalificación de unos 100.000 metros cuadrados de suelo rústico. Según, el plan prevé además expropiaciones en el municipio, ya que el promotor controla en torno al 70% del terreno. La sociedad, creada en mayo de 2025, admitía a principios de julio que aún no tenía el dinero necesario.
El acceso tampoco está resuelto. El Ayuntamiento exige que el tráfico no atraviese el pueblo y que, antes de la aprobación definitiva, exista una solución respaldada por el titular de la carretera. El PRC señala que el proyecto prevé 159 plazas de aparcamiento para la actividad y 32 públicas, para unos 200.000 visitantes al año, una cifra que, según Surf30, se repite en casi todos los proyectos similares anunciados en España.
En el pueblo, la respuesta ha sido organizada. Los vecinos han constituido la Asociación de Afectados por el PSIR Olucas Surf Center, que define el proyecto como «un negocio para unos pocos». Tras una reunión con más de 200 vecinos la semana pasada, de un censo de 470, la asociación asegura que el alcalde, Raúl Ruiz, y el presidente de la Junta Vecinal, César Bolívar, se han comprometido a oponerse. Bolívar decide sobre dos parcelas comunales dentro del PSIR y ha prometido no vendérselas al promotor. El Ayuntamiento, gobernado por el PRC, había tardado en pronunciarse: su informe técnico ve elementos que justifican el interés regional, pero condiciona el proyecto a 18 requisitos previos a la aprobación definitiva.
El debate ha llegado también al Parlamento regional. El PRC habla de un «tufillo extraño» en la tramitación, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha asegurado que el Gobierno «escuchará» a los críticos. El 31 de octubre se celebró una manifestación convocada por Cantabristas bajo el lema «Cantabria se defiende», con el apoyo de ARCA y Ecologistas en Acción. Desde hace más de una semana, una pancarta de más de 20 metros permanece desplegada sobre los terrenos afectados.
En España todavía no funciona ninguna piscina de olas artificial. Hay proyectos en marcha, entre ellos los de Madrid y La Nucía. El de Cantabria ya ha generado polémica antes de que exista la primera ola.
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