Las eléctricas critican que el Gobierno subvencione el fósil mientras bloquea la rebaja fiscal eléctrica
Las grandes eléctricas denuncian en su congreso anual la incoherencia del Ejecutivo al priorizar ayudas al gas y los carburantes mientras la electricidad sigue esperando reformas fiscales y regulatorias que impulsen la electrificación.
Por Inés Benítez
Las principales compañías eléctricas españolas han denunciado este jueves la incoherencia del Gobierno al mantener subvenciones y rebajas fiscales para los combustibles fósiles mientras la electricidad sigue esperando una rebaja tributaria que reduzca la factura de los consumidores. La crítica se ha producido en el octavo congreso de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), celebrado en la Casa de América de Madrid, con la presencia de los consejeros delegados de Endesa, EDP España e Iberdrola.
La presidenta de Aelec, Marina Serrano, ha sido contundente al señalar que «no tiene sentido adoptar señales que hacen más atractivo consumir los combustibles que tenemos que importar». Serrano ha estado acompañada por Gianni Armani (Endesa), Duarte Bello (EDP España) y Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), quienes han coincidido en que la respuesta fiscal del Ejecutivo a la crisis energética derivada del conflicto en Irán se está centrando en el gas y las gasolinas, mientras el sector eléctrico, llamado a ser el motor de la descarbonización, sigue esperando reformas regulatorias y fiscales.
El detonante de la protesta es el Real Decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que sustituye a los dos anteriores e incorpora una rebaja gradual del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) condicionada a un mecanismo de salvaguardia: si el precio de la gasolina o el gasóleo sube más del 15% interanual, la minoración tributaria volverá a los veinte céntimos. La norma también incluye alivios fiscales para agricultores y transportistas en el gasóleo, una línea de 15.000 millones de euros para el ferrocarril de mercancías con locomotora diésel y límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural. En el caso de la electricidad, las ayudas quedan reducidas a un alivio fiscal que solo se activaría si los precios repuntan, muy lejos de la rebaja del IVA que incorporó el primer Real Decreto de marzo.
Los responsables de las eléctricas han advertido de que esta asimetría fiscal penaliza a la electricidad frente a los combustibles fósiles. «Tenemos una carga fiscal fuera de los patrones europeos», ha denunciado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola. Serrano ha añadido que «incorporamos a la factura eléctrica costes que no soportan otras fuentes energéticas», en referencia, entre otros, al mecanismo de operación reforzada vigente desde el apagón de abril de 2025, que incrementa las facturas por un mayor uso del gas.
El consejero delegado de EDP, Duarte Bello, ha aportado el dato clave: solo el 24% de la economía española está electrificada, a pesar de que este recurso ha demostrado su capacidad para proteger al país frente a crisis externas. «Esta guerra ha demostrado que lo que hicimos desde 2020 es bueno», ha afirmado, en alusión a la mayor entrada de renovables que ha permitido que la escalada del gas se traslade al precio final de la factura en una proporción muy inferior.
Las eléctricas han rechazado de plano una posible reedición del tope de precios al gas que el Ejecutivo impuso en 2022, la llamada excepción ibérica. «No tiene sentido resolver la crisis interviniendo el mercado eléctrico», ha dicho Serrano, porque la situación actual no es la de la invasión rusa de Ucrania —entonces el gas llegó a 240 dólares el MWh en el mercado europeo, frente a los 73 dólares actuales— y porque una medida así penalizaría a quienes han optado por un contrato a plazo fijo. Según la CNMC, tres de cada cuatro consumidores españoles están en el mercado libre.
El sector reclama una política «coherente» con la descarbonización que refuerce la transparencia de costes —competencia de la CNMC—, facilite la electrificación y la conexión a la red de la creciente demanda, y acometa una reforma fiscal de fondo que suspenda el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto Especial a la Electricidad, e incluso contemple un IVA superreducido. La Comisión Europea ya ha advertido a España sobre el peligro de aplicar soluciones de trazo grueso que espoleen el consumo y, por tanto, la inflación.
6
