Los decretos de vivienda abren un agujero legal que amenaza con llevar las prórrogas de los alquileres a los tribunales
Expertos en Derecho advierten de que los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros contienen redacciones contrapuestas sobre las prórrogas de alquiler, generan inseguridad jurídica y podrían terminar en los tribunales.
Por Inés Benítez
Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros han encendido todas las alarmas en el ámbito jurídico. Varios expertos en Derecho consultados advierten de que los textos contienen redacciones «contrapuestas e incompatibles entre sí» sobre un mismo artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que genera una profunda inseguridad jurídica y anticipa un aumento de la litigiosidad que podría acabar en los tribunales.
El origen del conflicto está en la reforma del artículo 10.1 de la LAU. El primero de los decretos, impulsado por el PSOE y ya publicado en el BOE, establece prórrogas obligatorias anuales hasta un máximo de tres años. El segundo, promovido por Sumar y pendiente de publicación, modifica ese mismo precepto para sustituir esas prórrogas por otras sucesivas de cinco o siete años sin límite final, potencialmente indefinidas. Los juristas califican de «insólito» que un mismo Consejo de Ministros apruebe un decreto-ley y, al mismo tiempo, otro que modifica el primero.
«No es trocear un decreto-ley, sino aprobar una reforma del artículo 10.1 de la LAU con dos redacciones que chocan», denuncian los expertos, que alertan de un «escándalo legal». A su juicio, ambos textos atentan contra la necesaria prudencia legislativa y contra el principio de legalidad, además de presentar «serias dudas jurídicas» sobre su constitucionalidad. En concreto, señalan que el derecho de propiedad no es ilimitado, pero el legislador no puede eliminarlo: «una cosa es eliminar y otra delimitar», advierten en alusión a las prórrogas obligatorias.
La tramitación parlamentaria añade más incertidumbre. El Gobierno remitió los dos decretos al Congreso a primera hora para que los portavoces pudieran estudiarlos, pero la urgencia impuesta dificulta un análisis profundo antes de la votación prevista para este viernes. Además, el segundo decreto-ley no se publica en el BOE hasta este jueves, mientras que la votación se celebra mañana, lo que siembra dudas sobre si se respeta el plazo de 48 horas exigido para la ratificación. El ministro Félix Bolaños computa ese plazo desde la aprobación en el Consejo de Ministros, una interpretación que los juristas consideran «más que generosa».
Las dudas sobre el texto aprobado se extendieron a la propia rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no supo responder a preguntas básicas sobre la definición de fondos buitre o la congelación de rentas. «Tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao. Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí», dijo. Casi al mismo tiempo, Junts aseguraba que la redacción de los decretos seguía abierta. «En rigor, si el texto se cerró después del Consejo de Ministros, el decreto-ley no existiría», advierten los juristas.
El laberinto legal se complica aún más si el segundo decreto no logra ser convalidado en el Congreso. En ese caso, la reforma del artículo 10.1 de la LAU introducida por el primer decreto quedaría en el aire, porque el Código Civil establece que, si una ley deroga a otra, la segunda no vuelve a estar vigente por la simple derogación de la primera. Los letrados del Congreso ya han advertido de esta posible contradicción normativa.
El paquete legislativo incluye también medidas como la prohibición de desahucios hasta 2030 y límites a la subida de las rentas, pero para los expertos el problema de fondo persiste: la falta de seguridad jurídica. «El grave problema de seguridad jurídica está servido», resumen. Con dos redacciones incompatibles sobre un mismo artículo y una tramitación exprés, todo apunta a que los tribunales tendrán la última palabra sobre las prórrogas de los alquileres.
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