Los empresarios de Ceuta ven el plan del Gobierno como un «parche» mientras dure la crisis
La patronal ceutí estudia el Real Decreto-ley de ayudas aprobado por el Ejecutivo y advierte de que no resolverá el problema de fondo mientras la ciudad no recupere la normalidad. Los sindicatos piden un plan de inversiones más amplio para impulsar la industria local.
Por Marcos Esteban
Los empresarios de Ceuta han recibido con sentimientos encontrados el Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado el martes por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas de la crisis migratoria que sufre la ciudad desde hace más de un mes. La patronal advierte de que el paquete parece diseñado para el «día después» de una crisis que está lejos de resolverse, mientras que los representantes de los trabajadores, aunque ven aspectos positivos, reclaman un programa de inversiones más ambicioso para impulsar la industria local.
Juan Manuel Parrado, secretario general de CEOE en Ceuta, ha trasladado a La Información Económica que la impresión inicial es que se trata de un paquete de recuperación, con medidas enfocadas al medio y largo plazo, que no dejará de ser un «parche económico» mientras no se solucione la crisis. «El verdadero problema está en que siguen sin saber cuánto tiempo más van a necesitar de estos parches cuando el verdadero problema sigue ahí y es que Ceuta está lejos de la normalidad», ha señalado.
A los empresarios también les preocupa la «letra pequeña» del paquete urgente: cómo se materializará, quiénes serán los beneficiarios exactos y cuáles serán los plazos. Además, Parrado recuerda que hay cuestiones planteadas al Gobierno que siguen sin respuesta, como los gastos en seguridad privada que muchas empresas han tenido que asumir para mantener su actividad y que no aparecen reflejados en el decreto. Tampoco se incorporan, al menos en el modo solicitado, las moratorias y aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social, una medida que la patronal considera necesaria porque supondría un alivio inmediato para priorizar el abono de nóminas y el pago a proveedores.
María José Landaburu, secretaria general de la asociación de autónomos UATAE, se muestra más optimista y considera que este apoyo representa un «avance significativo en la buena dirección», aunque podría haber llegado antes. Landaburu cree que es un paquete ambicioso que cubrirá «muchas necesidades». Según el Gobierno, unos 2.500 autónomos podrán optar a las ayudas directas de 5.000 euros.
Desde el ámbito sindical, Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, apuesta por un plan de infraestructuras que mejore unas comunicaciones con la península que actualmente «son mejorables». Luján defiende un plan a gran escala negociado desde el diálogo social, en el que cualquier medida esté condicionada al mantenimiento del empleo. También reclama avanzar en la reforma del decreto del SMI para que el plus de residencia, la retribución histórica que compensa la extrapeninsularidad de vivir y trabajar en Ceuta, quede al margen de las reglas de absorción y compensación. Esta medida, pendiente del dictamen del Consejo de Estado, impediría que futuras subidas del salario mínimo reduzcan este complemento en los sectores donde está reconocido por convenio.
El Gobierno ha movilizado un paquete económico de 309 millones de euros de apoyo y dinamización para la ciudad, inmersa en una crisis que trasciende lo migratorio. De esa cantidad, 80 millones de euros —el equivalente al 4% del PIB de la ciudad— se destinan a empresas y trabajadores. Entre las medidas figuran 36,6 millones en ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria, articuladas de forma parecida a las desplegadas en Valencia tras la dana, y avales del ICO por 50 millones.
El decreto incluye además una bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 50% al 60% para entidades residentes en Ceuta y Melilla y para aquellas que mantengan actividad y empleo en las ciudades autónomas. También mejora la tributación del IRPF para los autónomos, con la ampliación de la deducción de gastos de difícil justificación. Ambas medidas, cuantificadas en unos 12 millones de euros, se harán permanentes y se extienden igualmente a Melilla.
