Irán oculta el alcance real de su maquinaria de ejecuciones, según los expertos
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la división oficial entre ejecuciones políticas y comunes sirve para invisibilizar a la mayoría de los condenados a muerte, mientras las cifras de ajusticiamientos se disparan.
Por Marcos Esteban
La maquinaria de ejecuciones en Irán funciona como un pilar estratégico del régimen para sembrar el terror entre la población, y su alcance real permanece oculto tras una clasificación oficial que separa las ejecuciones «políticas» de las cometidas por «delitos comunes». Esa división, según los expertos, es falsa y tiene un efecto deliberado: mientras la atención internacional se concentra en un puñado de casos políticos, miles de ajusticiamientos silenciosos quedan fuera de la vista.
La periodista Maryam Mirza, que documenta casos políticos y de seguridad desde hace años, rechaza esa distinción. «Creo que se puede pensar el motivo del aumento de todas estas ejecuciones de manera conjunta, porque en realidad todas aumentan con un mismo objetivo: sembrar terror y pánico», afirma. Para Mirza, el efecto de una ejecución por cargos de seguridad y otra por narcotráfico es idéntico en la población: ambas transmiten el mismo mensaje de miedo.
Los datos de Iran Human Rights, organización dirigida por Mahmood Amiri-Moghaddam, respaldan esa lectura. Su informe anual de 2024 indica que solo 31 personas —menos del tres por ciento del total de ejecuciones de ese año— fueron ajusticiadas por cargos de seguridad, entre ellos los de moharebeh («guerra contra Dios») y efsad-e fel-arz («corrupción en la Tierra»), dos categorías de definición vaga que la justicia iraní utiliza habitualmente contra opositores políticos. En contraste, 419 personas, el 43 por ciento, fueron ejecutadas por homicidio. Es precisamente esa pequeñez relativa la que revela el peligro de la clasificación oficial: cuando la mirada internacional se fija solo en esa cifra reducida, la inmensa mayoría de los casos «no políticos» se vuelve prácticamente invisible.
Amiri-Moghaddam describe la proporción de ejecuciones por cargos de seguridad como «una cifra pequeña». Un preso político resulta costoso para el régimen porque los medios y los gobiernos extranjeros lo siguen de cerca; un trabajador afgano o baluchi condenado por narcotráfico sale barato. Sin embargo, el impacto sobre la sociedad es el mismo. La opacidad en las cifras y la separación entre categorías permiten que la represión se extienda sin la misma presión internacional que generan los casos con mayor visibilidad mediática.
La escala del fenómeno es difícil de ocultar por completo. Según Iran Human Rights, desde comienzos de 2026 al menos 525 personas han sido ejecutadas en Irán, y desde 2010 la cifra asciende a 10.968. La Fundación Abdorrahman Boroumand, en un informe independiente publicado en agosto de este año, registró 916 personas para el mismo periodo de 2026. La diferencia entre ambos datos es en sí misma una señal de que incluso las organizaciones especializadas apenas logran seguir el ritmo de esta maquinaria.
Amiri-Moghaddam llegó a Noruega como refugiado adolescente en 1985, en plena guerra entre Irán e Irak, a través de Pakistán. Se graduó en Medicina por la Universidad de Oslo en 1996 y recibió la Medalla de Oro del Rey de Noruega a la mejor tesis doctoral en medicina de aquel año; hoy es catedrático de neurociencia en la misma universidad. En 2007 recibió el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Noruega y desde 2008 dirige Iran Human Rights, organización que, gracias a su amplia red dentro del país, se ha convertido en una de las fuentes más citadas para documentar la pena de muerte.
El relato de Mirza y de Amiri-Moghaddam coincide en un punto central: la maquinaria de ejecuciones no distingue entre delitos para causar el mismo efecto. La división entre ejecuciones políticas y comunes, sostienen, es una herramienta que permite al régimen mantener el terror interno mientras esquiva parte del escrutinio exterior. Mientras tanto, las cifras siguen creciendo y las familias de los ejecutados quedan atrapadas en un silencio que, como la noria apagada de Gohardasht, busca que nadie vea lo que ocurre dentro.
