El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno chocan por el trámite de la protesta por Ceuta
El equipo de Almeida denuncia que el Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en Cibeles, mientras la Delegación lo niega y aclara que debe tramitarse como acto institucional.
Por Elena Lozano
El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han protagonizado este martes un cruce de acusaciones a cuenta del trámite administrativo de la concentración convocada por el Consistorio en apoyo a Ceuta, prevista para este miércoles frente a la sede municipal en la plaza de Cibeles. El equipo de la alcaldesa, José Luis Martínez-Almeida, denunció primero que el Gobierno había prohibido el acto, mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, negó rotundamente esa versión y aseguró que la convocatoria puede celebrarse con normalidad si se tramita como acto institucional.
Fuentes municipales afirmaron por la tarde que habían recibido un escrito de la Delegación del Gobierno en el que se comunicaba la prohibición de la concentración. En ese mismo mensaje, el Ayuntamiento calificó la decisión de «intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta» y anunció que se estaban estudiando «posibles respuestas». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, secundó esa lectura con un mensaje en la red social X en el que acusaba al delegado de no tener «narices de mandarnos a los antidisturbios».
La respuesta de la Delegación del Gobierno no se hizo esperar. Francisco Martín replicó con un escueto «mentira» en X y, más tarde, con la palabra «bulera», en referencia a las afirmaciones de Ayuso. Fuentes de la Delegación explicaron que el escrito remitido a los ayuntamientos de la región no prohíbe ningún acto, sino que se limita a aclarar una cuestión jurídica: cuando una concentración es convocada por un Ayuntamiento, debe tener la consideración de acto institucional y no de manifestación ejercida al amparo del derecho fundamental de reunión.
Las mismas fuentes recordaron que los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho de reunión, tal y como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por esa razón, la comunicación presentada por varios consistorios para informar de la convocatoria no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas. No obstante, la Delegación subrayó que los actos de apoyo a Ceuta «podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento o comunicados a esta Delegación por un particular».
El escrito enviado a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid señala expresamente que los consistorios pueden organizar, dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad, cuantos actos institucionales consideren oportunos, incluido el acto comunicado en apoyo a Ceuta. Además, la Delegación indicó que ya ha dado traslado de la convocatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su celebración.
Desde la Delegación también insistieron en que las manifestaciones no están sometidas a autorización previa en España, aunque sí debe informarse de su celebración antes de que se lleven a cabo, y consideraron «incorrecto» afirmar que se ha denegado la autorización. La polémica se produce en plena crisis migratoria en Ceuta, que desde finales de julio atraviesa una situación de presión en sus fronteras, y en un contexto de tensión política entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño por distintos asuntos de competencia administrativa.
