Moncloa presiona al PP para compartir la gestión de la crisis de Ceuta
El Gobierno de España intenta desplazar el foco del debate sobre el estallido de la crisis migratoria de Ceuta hacia la responsabilidad de las comunidades autónomas del PP en la reubicación de los menores migrantes.
Por Iván Serrano
El Gobierno de España ha puesto en marcha una estrategia para recuperar el control del relato sobre la crisis migratoria de Ceuta, desplazando el foco desde las responsabilidades del Ejecutivo central en el estallido de finales de julio hacia la gestión compartida con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, endureció este martes el tono contra el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, a quien acusó de haber dejado de lado la gestión de la emergencia para adoptar el argumentario del PP.
La nueva estrategia de Moncloa busca llevar la discusión al terreno de la respuesta actual y de las responsabilidades compartidas. Los socialistas pretenden así trasladar parte de la presión política al PP y contraponer la actuación del Ejecutivo, que asegura que se está «dejando la piel» para resolver la situación, con la actitud del Gobierno ceutí y de las autonomías populares, a las que reprochan que estén dificultando la reubicación de los menores migrantes. Según fuentes gubernamentales, si existiera voluntad política por parte de Génova y de las comunidades gobernadas por los populares, la reubicación podría avanzar con mucha más rapidez y la situación de Ceuta se estabilizaría incluso antes de final de año, el límite temporal fijado por el Gobierno.
El Ejecutivo también quiere poner el acento en las medidas adoptadas para sacar de las calles a los adultos que permanecen en Ceuta y rebajar así la imagen de colapso que ha acompañado a la crisis durante las últimas semanas. Según defienden desde el Gobierno, ya se están habilitando plazas en distintos recursos para trasladar allí a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes y se determina su situación administrativa. A partir de ahí, el procedimiento deberá resolver si procede su retorno o si pueden permanecer en España, por ejemplo en aquellos casos en los que se reconozca su derecho a protección internacional.
Sin embargo, Moncloa es consciente de que no tiene la sartén por el mango en su estrategia de señalar al PP. Las comunidades gobernadas por los populares siguen rechazando la acogida voluntaria de menores y este procedimiento requiere su visto bueno, además del de Ceuta. De momento, solo Navarra y Castilla-La Mancha, ambas socialistas, han dado el paso. Ante ese bloqueo, el Gobierno asume que probablemente tendrá que recurrir al mecanismo previsto en la Ley de Extranjería, una vía mucho más lenta que, según calculan fuentes del Ejecutivo, podría retrasar la reubicación de los menores dos meses más. Es precisamente ahí donde el Gobierno concentra buena parte de su presión política sobre Vivas, al que acusa de anteponer la estrategia marcada por Génova a los intereses de Ceuta.
La situación de los menores continúa siendo urgente y el Ejecutivo no puede supeditar la puesta en marcha de los mecanismos previstos a que Génova cambie de posición o las comunidades populares acepten voluntariamente los traslados. Si esa vía no avanza, tendrá que activar las alternativas que contempla la legislación, aunque sean más lentas, porque el paso de las semanas juega también en contra de un Gobierno que lleva desde agosto prometiendo devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta. A esa dificultad se suma que ni siquiera dentro del Ejecutivo parece haber una estrategia completamente coordinada para dar por cerrado el debate sobre el origen y la gestión inicial de la crisis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró este martes dispuesta tanto a comparecer como a que lo haga la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar las alertas emitidas por este organismo antes de la entrada masiva de migrantes. Una iniciativa que amenaza con volver a colocar bajo el foco qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía, justo cuando Moncloa trata de cambiar de pantalla y trasladar el debate hacia la gestión presente.
