Las empresas afrontan con dudas el plazo para los planes de movilidad sostenible al trabajo
Las compañías con centros de más de 200 empleados o 100 por turno deben tener listo su plan de movilidad sostenible antes del 5 de diciembre de 2026, una fecha que la normativa adelantó dos años y que genera incertidumbre sobre su alcance y contenido.
Por Inés Benítez
Las empresas privadas y las administraciones públicas que cuenten con centros de trabajo de más de 200 personas, o de 100 empleados por turno, están obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible al trabajo antes del próximo 5 de diciembre de 2026. La exigencia, recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, ha generado una notable confusión entre las compañías afectadas, que a menos de tres meses del vencimiento siguen sin tener claro si están obligadas, qué documento deben presentar y cómo deben negociarlo con la representación legal de los trabajadores.
Estos planes deben incluir medidas que fomenten la movilidad activa, como caminar o ir en bicicleta, el transporte colectivo, las cero emisiones, la movilidad compartida y el teletrabajo. Para elaborarlos, las empresas deben partir de un diagnóstico del centro que analice cómo se desplazan la plantilla, los clientes y los proveedores. La normativa también obliga a negociar el contenido de las actuaciones con la representación legal de los trabajadores y a someter el plan a un seguimiento que contempla la elaboración de un informe cada dos años para evaluar el grado de cumplimiento.
El calendario se ha convertido en uno de los principales focos de incertidumbre. En un primer momento, la ley establecía un plazo de dos años desde su entrada en vigor, lo que situaba la fecha límite en el 5 de diciembre de 2027. Sin embargo, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprobaba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, redujo ese periodo de 24 a 12 meses y fijó el 5 de diciembre de 2026 como fecha tope. «Nuestra lectura es que la medida es acertada; el calendario, apretado», resume Dilmer Alvarado, director de Marketing de Bus For Fun, empresa de movilidad compartida.
La confusión afecta a cuestiones básicas. Muchas compañías desconocen que el umbral de 200 personas o 100 por turno se aplica por centro de trabajo y no por empresa. Tampoco existe certeza sobre qué debe estar listo exactamente en diciembre. «La duda que más escuchamos es: ¿me vale un documento con medidas o tengo que tener el servicio funcionando el 5 de diciembre?», señala Alvarado, que aclara que lo exigido es un plan de movilidad redactado conforme a la ley. A ello se suma la negociación con los trabajadores, un proceso que «no es un trámite» y que muchas empresas han dejado para el final, cuando debería condicionar el diseño del plan desde el principio.
Los expertos del sector subrayan que la dificultad no está solo en redactar el documento, sino en diagnosticar correctamente el problema y priorizar las medidas con más impacto. «La dificultad no está únicamente en redactar el plan: está en diagnosticar correctamente el problema, priorizar las medidas que pueden tener más impacto y conseguir después que las personas realmente las utilicen», explica Joaquín Vives de la Cortada, responsable de Sostenibilidad y Planes de Transporte de Bus Up. Esta compañía trabaja siempre desde un diagnóstico previo que analiza el origen de la plantilla, los horarios, los turnos, los patrones de desplazamiento o las alternativas de transporte disponibles.
El peso del coche en los desplazamientos al trabajo es determinante. Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de Tribbu, recuerda que de los 40 millones de desplazamientos diarios en coche, 14 millones tienen como destino el centro de trabajo. «Mejorar la movilidad de ese segmento puede mover la aguja de forma notable», afirma. Estos trayectos generan emisiones contaminantes que, según Alvarado, constituyen «una de las mayores fuentes de emisiones asociadas a una empresa» y hasta ahora eran un punto ciego sobre el que nadie asumía responsabilidad.
La diversidad territorial añade complejidad. «Las soluciones que funcionan en el centro de Madrid o Barcelona no necesariamente resuelven la movilidad de un polígono industrial, una zona rural, un hospital periférico o un hotel con turnos nocturnos», reflexiona Långstrum. Cuando el centro no está bien conectado, la distancia media es elevada o hay dispersión geográfica, el coche sigue siendo la única opción. La clave, añade, es convertirlo en una opción sostenible mediante el coche compartido entre compañeros, un modelo que reduce emisiones y ahorra energía.
Las empresas obligadas que incumplan el plazo o no elaboren los informes de seguimiento incurrirán en una infracción, según contempla la normativa. Con el plazo a la vuelta de la esquina, el sector reclama claridad y advierte de que la negociación con los trabajadores y el diagnóstico previo son pasos que requieren semanas de trabajo.
